Por: Patricio Cartagena D. , abogado, Ex Vicepresidente de Cochilco, Presidente de Cammin.- En una columna anterior publicada el 14 de julio de 2026 situé el problema: la arquitectura institucional mediante la cual el Estado fiscaliza a sus empresas mineras estatales, fijada desde 1976 en el Decreto Ley N°1.349, exhibe signos evidentes de rezago frente a la escala, complejidad y relevancia estratégica que Codelco y Enami han alcanzado. Corresponde ahora avanzar hacia una propuesta concreta.
