Por Gastón Fernández Montero, Minero y Abogado.-
El régimen de concesiones mineras en Chile se ha sostenido históricamente sobre un principio claro: el sistema de amparo. Este garantizaba que el derecho del concesionario se mantenía vigente con el pago anual de la patente, sin más condicionamientos. Esa certeza jurídica fue la base de la inversión, la continuidad de faenas y la protección de la pequeña minería.
Sin embargo, las reformas introducidas por leyes de quórum simple —como la Ley N° 21.420 y sus modificaciones posteriores— han debilitado gravemente este sistema. Hoy, el pago de la patente ya no basta: se exige demostrar trabajo efectivo, contar con permisos ambientales o acreditar trámites administrativos en curso. En la práctica, se ha transformado un derecho constitucionalmente protegido en un régimen condicionado, generando inseguridad jurídica y un aumento desproporcionado de costos.
El impacto ha sido devastador para la pequeña minería. Miles de concesionarios enfrentan alzas de hasta un 400% en sus patentes, con el riesgo real de perder sus pertenencias por remate. La concentración de la propiedad minera en grandes empresas se profundiza, mientras los pequeños productores —que sostienen economías locales y empleo en regiones— quedan al borde de la desaparición.
En este escenario, el anuncio realizado por el Presidente de la República en Copiapó este fin de semana abre una ventana de esperanza. El compromiso de enviar al Congreso un proyecto de ley rectificatorio busca superar esta situación perjudicial y restablecer un sistema de amparo sólido, que garantice la vigencia de las concesiones con reglas claras y proporcionales.
La pequeña minería no pide privilegios, sino condiciones justas para seguir existiendo. La rectificación legislativa es urgente: no solo para corregir un error jurídico de origen, sino para resguardar la diversidad y sostenibilidad de nuestra actividad minera. Chile necesita un sistema de amparo que vuelva a ser garantía de seguridad, inversión y equidad.
