POR JORGE RIESCO, PRESIDENTE DE SONAMI.- El derogado D.L. 3607 establecía la facultad de la autoridad de obligar a las empresas que fueran declaradas “estratégicas” por un Decreto Supremo del Ministerio del Interior de implementar planes específicos de seguridad en sus instalaciones y de establecer departamentos de seguridad y, como parte de ello, contratar directamente guardias privados, que debían ser uniformados y armados.
