El Ministerio de Obras Públicas concretó modificaciones transitorias -en un principio será para 2023 y 2024- a su Reglamento de Contratistas (DS75), que permitirá que empresas inscritas en obras menores puedan postular a proyectos de mayor envergadura, ampliando el límite de 6.000 a 20.000 Unidad Tributaria Mensual y, además, armar consorcios con el objetivo de complementar experiencia y tener un mayor respaldo económico.
Según informó la cartera ministerial, estas medidas permitirán que el 44% de este tipo de contratistas podrán aumentar significativamente sus posibilidades de participar en licitaciones, lo que según el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (Atacama, Juan Pablo Hinojosa, “va en directo beneficio de las regiones y su ecosistema productivo local”.
Destacó Hinojosa que “creemos que estas modificaciones van en línea con el proceso de descentralización que avanza en el país, fortaleciendo las posibilidades de que las empresas regionales, en su mayoría pymes, que cuenten con la capacidad económica necesaria, puedan participar en licitaciones de obras más importantes, lo que tendrá efectos positivos en la vinculación territorial, la necesaria reactivación económica y el empleo local”.
Según un análisis realizado por la organización gremial en regiones como Atacama, Tarapacá, Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes y la Antártica y Ñuble, la relación entre contratistas vigentes en Obras Menores versus Obras Mayores es asimétrico. Por ejemplo, en Atacama se estima una relación de 3 a 1, es decir, por cada 3 empresas inscritas en Obras Menores, solo 1 empresa está inscrita en Obras Mayores y además el presupuesto destinado a Obras Menores es aproximadamente el 4% del total.
“Por lo mismo es que hemos venido hace varios años conversando y trabajando con distintas autoridades del Ministerio de Obras Públicasd y regionales, como el Gobernador, el Seremi de Obras Públicas, y parlamentarios de la zona, que desde el principio apoyaron esta iniciativa, tomando en cuenta la relevancia de dar señales concretas, pues son temas transversales que sin duda apuntan al desarrollo regional, además destaca el valor que tiene la labor público-privada en momentos donde el país necesita volver a crecer de manera sostenible, y, en este escenario, la infraestructura tiene un rol fundamental en el fomento productivo y la calidad de vida de la comunidad”, explicó Hinojosa.
Cabe destacar, que esta iniciativa además permitirá promover una mayor competencia, podrá evitar licitaciones desiertas por falta de oferentes y especialmente que obras largamente esperadas por la comunidad puedan finalmente volverse una realidad.
