POR: EDUARDO ALEGRÍA OLIVARES, DIRECTOR DE REVISTA MINERA CRISOL.- A medida que avanza la redacción al texto de propuestas en el proceso constituyente, el sector no ha quedado indiferente a medida que éste avanza y esto, porque la minería es la viga económica maestra que tiene el país y, por ende la tensión es mayor.
No cabe la menor duda que a partir de los ’90, existe un antes y un después en minería y esto, porque una vez recuperada la democracia comenzaron a reactivarse una serie de inversiones extranjeras que permitieron, indiscutiblemente, consolidar económicamente el país cuando éste más lo necesitaba Por aquel período, Chile registraba una elevada tasa de cesantía, una galopante inflación y grandes bolsones de pobreza mucho más que hoy.
Las inversiones mineras, particularmente la del cobre, abrieron entonces un abanico de oportunidades laborales como consecuencia de la interesante cadena de valor permitiendo robustecer y abrir una infinidad de nuevas empresas de servicios y de proveedores – grandes, medianas y pequeñas – las que han crecido junto a las compañías mineras y eso se palpa en el día a día, siendo incluso capaces como país de desarrollar tecnología y hasta fabricar productos de exportación minera; por ende, esas empresas también han entregado trabajo estable mejorando notablemente las condiciones laborales de sus profesionales y trabajadores. Se han creado nuevas oportunidades las que la gran mayoría ha sabido aprovechar mejorando sus condiciones de vida.
La propuesta de terminar con lo que los constituyentes llaman el carácter extractivista del sector minero, proponiendo la nacionalización de empresas y, modificar el sistema de Concesión Minera, han encendido las luces de alerta en los gremios del sector, principalmente de la más que centenaria Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y otras entidades como el Consejo Minero, la Cámara Minera de Chile y, las entidades que agrupan a las empresas ligadas al sector como son la Asociación de Proveedores de la Minería, Aprimin; la Cámara Minera de Chile y, de organismos gremiales y académicos que advierten que de aprobarse las propuestas, ocasionarían un gran y grave daño a la imagen país, considerando que hay tratados internacionales en relación a las inversiones.
Acorde a documentos históricos, el tema de la nacionalización ha sido centro de debates y de reflexión cada cierto tiempo, pero a partir de octubre del 2020 mucho más aún con el eslogan: “El cobre para Chile y los chilenos”, que ha sido tomado como estandarte de lucha y de solución a todos los problemas sociales y de desigualdad que una parte de la población sufre por décadas; aunque hay que reconocer que el país es menos pobre que ayer gracias a las grandes inversiones que se registraron en los últimos 30 años y, otra cantidad de millones de dólares – algo más de 60 mil millones – que están en compas de espera de inversión para la presente década y que podrán sacar de esa condición económica y social a miles de otras familias; de allí que se habla de que el sector, para volver a dar un nuevo impulso de reactivación económica y laboral al país, requiere de certezas jurídicas, las que no están nada de claro y, aunque la actual administración Presidencial no contempla la nacionalización, la Convención Constituyente piensa distinto, lo que es preocupante para el sector, el que ha planteado en todas las instancias que las medidas que se desean aplicar, carecen de una visión jurídica y económica; además de no contar con cabal conocimiento de cómo funcionan los tratados internacionales y los mercados globalizados en la que el país está inserto.
Chile no sólo produce cobre, que es una de sus principales materias primas, sino también oro, plata, fierro, molibdeno y litio entre otros y, aunque la producción de este último de los commodities es aún incipiente, se sabe que el territorio nacional cuenta con grandes reservas que podrían situar al país como uno de los cinco grandes productores de litio a nivel mundial y, para que ello ocurra deben hacerse grandes inversiones que no tenemos y menos aún, si se materializa el proceso de nacionalización, donde hay que pagar millonarias sumas de dinero a sus actuales propietarios acorde a los tratados y leyes internacionales.
El Presidente de Sonami, Diego Hernández, en reciente reunión telemática con la Presidenta de la Convención Constituyente, María Elisa Quinteros, informó que la Comisión de Medioambiente rechazó sin argumentación alguna la iniciativa Popular de Norma presentada por Compromiso Minero, avalada por más de 108 organizaciones y, que a pesar de haber registrado 24 mil adhesiones, su rechazo profundiza aún más la natural incertidumbre de cómo se están llevando cabo los hechos de este sector que ha sido y es clave en el desarrollo de la nación.
Chile es y seguirá siendo un país minero y, probablemente por muchas décadas más, por lo tanto, lo que hoy se requiere es escuchar, ser escuchado y buscar los necesarios puntos de equilibrios y encuentros que permitan avanzar en lo mejor para Chile y los chilenos.
