Como “una señal preocupante de cómo se están abordando los procesos de participación indígena en Chile, con evidentes falencias en la identificación de las comunidades realmente vinculadas al territorio”, calificó Ercilia Araya Altamirano, presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote, durante la instancia desarrollada en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, realizada en el Congreso Nacional en Valparaíso.
La dirigenta indígena asistió a la sesión junto a Ariel León Bacián, asesor de la comunidad, quien intervino ante los parlamentarios exponiendo en detalle la problemática asociada a la participación de comunidades sin arraigo territorial en procesos de consulta indígena, así como los efectos que ello genera en la institucionalidad pública, la evaluación ambiental y la protección efectiva de los territorios.
En ese contexto, Araya sostuvo que “no se trata de oponerse a la participación, sino de resguardar que esta se ejerza de manera legítima. Las comunidades que habitamos el territorio, que hacemos uso de él y que lo protegemos, no podemos ser puestas en igualdad de condiciones con organizaciones que no tienen presencia real. Eso no solo es injusto, sino que distorsiona completamente el sentido de la consulta indígena”.
Durante la sesión, Ariel León expuso ante la Comisión una serie de antecedentes que -según indicó- dan cuenta de un problema estructural en la forma en que el Estado está conduciendo estos procesos. En particular, abordó el fenómeno de las denominadas “comunidades no territoriales” y su incidencia en lo que se ha denominado como “permisología”, afectando tanto la certeza jurídica como la legitimidad de las decisiones públicas.
“Lo que está ocurriendo hoy es que el sistema está permitiendo la participación de organizaciones que no cumplen con los estándares mínimos de vinculación territorial exigidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que no solo desnaturaliza el proceso de consulta indígena, sino que además expone al Estado a conflictos judiciales constantes y a decisiones carentes de sustento técnico y jurídico”, señaló León ante los parlamentarios.
El asesor agregó que la correcta aplicación del derecho indígena exige una determinación seria y fundada de quiénes son las comunidades directamente afectadas, considerando elementos como la ocupación tradicional, el uso efectivo del territorio y la continuidad cultural, criterios que -afirmó- hoy no siempre están siendo debidamente considerados por la institucionalidad.
Desde la Comunidad Pai Ote recalcaron que su participación en la instancia tuvo por objeto visibilizar una problemática que no solo afecta a su territorio, sino que tiene implicancias a nivel nacional en múltiples procesos de consulta indígena y evaluación ambiental.
En esa línea, Ercilia Araya advirtió que “si el Estado no corrige estos errores, lo único que va a generar es más conflicto, más judicialización y una pérdida total de confianza por parte de las comunidades. Nosotros estamos disponibles para participar, para dialogar y para construir soluciones, pero eso exige que se respete la realidad territorial y no se simule participación donde no la hay”.
Finalmente, la Comunidad Colla Pai Ote valoró el espacio otorgado por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, destacando la disposición de sus integrantes para escuchar los antecedentes expuestos, y reiteró la necesidad de avanzar hacia una regulación más clara, coherente y estricta de los procesos de consulta indígena, que permita resguardar tanto los derechos de los pueblos indígenas como el adecuado funcionamiento del Estado.
PROLIFERACIÒN DE COMUNIDADES
“Lamentablemente, señaló Ariel León, en virtud del aumento de proyectos extractivos en la Región de atacama, se ha producido una proliferación desproporcionada de comunidades y asociaciones indígenas que a nuestro entender intentan participar en las consultas solamente para tener beneficios económicos. Cuando nosotros presentamos nuestras demandas no había ninguna comunidad ni asociación, solo las territoriales que no eran más de seis y que reclamaron porque se estaba invadiendo el territorio sin consulta indígena. Cuando ganamos las demandas, comenzó esta proliferación de organizaciones no territoriales. ¿Qué alegan ellos?, que el territorio colla es una suerte de territorio único, donde todo es de todos, es como una suerte de comunismo primitivo que jamás ha existido y esto, porque mi territorio tiene delimitaciones, donde los cultivos y los animales son de mi propiedad; aunque , también hay animales y terrenos comunes, pero el alegato de ellos es que todo es de todos, lo que no tiene sustento al tratarse de comunidades radicadas en las comunas de Chañaral, de Tierra Amarilla y en otras zonas alejadas a los salares donde está el litio. Esto está ocasionando una distorsión en las consultas indígenas al no respetarse, acorde a los convenios, la territorialidad”.
