Por: Dr. Manuel Viera Flores, Presidente de la Cámara Minera de Chile.-Hay opiniones de dos ex ministros de gobiernos distintos, Ignacio Briones y Álvaro García, donde salieron a rechazar en el Senado el proyecto que elimina la patente progresiva por no uso. Los respeto a ambos y comparto su diagnóstico de fondo: Chile explora poco y tiene demasiado territorio amarrado. Pero discrepo del remedio. Defender la escala progresiva de la Ley 21.420 es defender un instrumento que desde que rige no ha traído un solo yacimiento nuevo y que sí está sacando de la cancha a los mineros más chicos, y con ello se catea menos o se reconoce menos. ELl mundo al revés.
Partamos por los números, que es donde suelen aclararse las discusiones. Con la Utm de Septiembre en $71.721, una pertenencia de explotación con trabajos acreditados paga 0,1 UTM por hectárea: $7.172 al año. Si no acredita trabajos, la ley vigente la sube a 0,4 UTM en los primeros cinco años y la escala por quinquenios hasta 12 UTM por hectárea desde el año 31. Traducido: una pertenencia de 100 hectáreas que hoy paga $717 mil terminaría pagando $86 millones anuales solo por existir. El presidente de la Sonami, lo resumió en Emol con una frase que no necesita adjetivos: “Cuando subes las patentes mineras 120 veces en 20 años, la gente empieza a abandonar la propiedad minera”. Y cuando el gobierno presentó este proyecto, se corrigió un error. Eso no es un impuesto a la especulación. Es una expropiación en cuotas. Sin ser irrespetuoso es importante que conozcan una ciencia que se llama economía minera, donde se enseña que la función más crítica y más importante es la exploración y reconocimiento y si se ponen patentes muy elevadas es obvio que no se apoya.
¿Y quién abandona? No la gran minería, que tiene abogados, geólogos y caja para acreditar actividad o pagar. Los más golpeados son los pequeños mineros: pirquineros, sociedades familiares y productores que venden a Enami y que trabajan la veta cuando el precio lo permite. Para ellos la patente no es un costo más en la planilla; es la diferencia entre conservar la pertenencia o verla rematada. Los datos que la propia Sonami llevó a la Comisión de Minería del Senado son elocuentes: el 79% de las concesiones de la pequeña y mediana minería está en mora, se han perdido 24 mil hectáreas y el 49% de las solicitudes de rebaja fueron rechazadas. El propio mensaje del Ejecutivo reconoce que los remates de pertenencias por no pago crecieron 45% en explotación y 75% en exploración entre 2023 y el bienio 2024-2025, con superficies subastadas que subieron 63% y 99%. Y el resultado es exactamente el contrario al que prometió la ley: entre 2022 y 2025 cayó la participación de pequeños y medianos titulares y subió la de las grandes empresas y de Codelco, Enami y Corfo. La ley que iba a “diversificar actores” concentró la propiedad minera: “si ellos pierden sus pertenencias, la propiedad minera puede terminar concentrándose en actores con mayor capacidad económica pero que la pagan para mantenerla”.
Briones sostiene que el 80% del territorio del norte está concesionado y solo el 10% se explota, y que no le gustan las protecciones a incumbentes. Coincido en el dato y en el principio. Pero conviene mirar quién es el incumbente real. Un pirquinero de Tierra Amarilla con 30 hectáreas heredadas no es un especulador.
El especulador serio ya aprendió a sortear la ley acreditando actividad; el pequeño no alcanzó o le rechazaron la solicitud. La progresividad castiga la ignorancia administrativa, no la ociosidad.
Álvaro García tiene razón en la comparación que duele: Chile ha invertido en exploración greenfield del orden de US$80 millones desde 2005, contra US$4.000 millones de Australia y US$3.000 millones de Canadá. Pero ninguno de esos dos países descubrió sus yacimientos encareciendo la tenencia de la propiedad minera. Lo hicieron con créditos tributarios transferibles, mercados de capitales especializados y catastros públicos en línea. Es decir, con incentivos a explorar, no con multas por no explorar. El propio García lo propone. Entonces la conclusión lógica no es mantener la escala progresiva: es reemplazarla por lo que sí funciona.
Y aquí está el punto que la discusión fiscal esconde. Chile lleva más de dos décadas sin anunciar un descubrimiento de la escala de los que hoy sostienen su producción; seguimos viviendo de Escondida, Collahuasi y los hallazgos de los años 80 y 90, con leyes de mineral que caen año a año. Buena parte de los grandes hallazgos de nuestra historia partió en manos de pequeños mineros y prospectores que sostuvieron una pertenencia durante años sin actividad visible, hasta que la geología, el precio o un socio los alcanzaron. Una patente que castiga la espera mata precisamente esa fase silenciosa del reconocimiento geológico. El proyecto, en cambio, premia con patente rebajada a quien certifica información geológica ante Sernageomin: por primera vez la ley reconoce que explorar también es actividad minera.
El proyecto del Biministro Daniel Mas, aprobado en la Cámara por 107 votos; 2 en contra y 20 abstenciones, hace algo razonable: fija 0,1 UTM para quien acredita trabajos, 0,4 UTM plano para quien no los acredita, amplía las hipótesis de rebaja a proyectos ingresados al SEIA, permisos en trámite ante Sernageomin e información geológica certificada, y elimina el tope de 500 hectáreas y los requisitos de parentesco que convertían cada rebaja en un trámite notarial. Ojo: 0,4 UTM sigue siendo cuatro veces lo que se pagaba antes de 2022. Nadie está regalando el cerro. Se está sacando la parte demencial de la curva.
Pero el proyecto tiene tres puntos ciegos que el Senado debe corregir, y aquí van mis recomendaciones.
Primero, la exploración. Si el argumento del Gobierno es que “nos vamos a quedar sin yacimientos y sin recaudación”, entonces hay que poner el incentivo donde está el yacimiento. Propongo un crédito tributario transferible del 30% al gasto en exploración greenfield certificado por Sernageomin, con tope anual, al estilo del flow-through share canadiense. Cuesta menos que la caída de recaudación proyectada hasta 2033 y compra lo que Chile no tiene: descubrimientos.
Segundo, el catastro. El verdadero cuello de botella no es el precio de la patente, son los remates lentos, opacos e inaccesibles y una propiedad minera repartida entre conservadores, tribunales y Sernageomin. Un catastro minero único, digital y público, con plazos de 90 días para liberar pertenencias caducadas, haría más por la circulación del territorio ocioso que cualquier escala progresiva.
Tercero, la pequeña minería. Eliminar el artículo 142 ter, que sin una regla de reemplazo deja a los productores bajo 500 hectáreas exactamente igual que a Escondida. Propongo que Enami certifique la condición de pequeño productor y que esa certificación baste para acceder a la patente rebajada, con un fondo puente para regularizar la mora acumulada antes de que sigan los remates. Eso se llama fomento Señor Briones y Señor García.
Y que la ley no espere un año para entrar en vigor: cada período de pago con la escala actual son más hectáreas rematadas.
Lo que la pequeña minería aporta por patentes no llega al 5% de la recaudación por concesiones. Ese es el tamaño del “sacrificio fiscal” que se discute. Con el cobre en máximos históricos y una cartera de US$104.549 millones esperando permisos, el problema de Chile no es que le falten cobradores. Le faltan exploradores y le sobran pequeños mineros expulsados de su propio cerro. Rebajar la patente es lo mínimo. Lo importante viene después.
La economía minera enseña a tomar buenas decisiones técnicas, La pequeña minería es un eterno prospecto de exploración. Si no se entiende eso, significa que no entendemos la minería.
