A pocos días del plebiscito de salida para votar la propuesta de nueva Constitución, el Director Ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), abogado Sergio Hernández, continuó con el análisis del texto y las normas más relevantes para el sector y el gremio, en el marco de un nuevo Networking Club de la Minería.
Reiteró que en el caso del agua, se ponen en riesgo actividades productivas como la agricultura y la minería, al entregarse autorizaciones de uso que no implican derechos de propiedad y que son temporales, aunque subrayó que el sector minero ha ido crecientemente avanzando en el uso del agua de mar y reutilización del agua, lo que permite enfrentar de mejor forma esta situación.
Respecto del estatuto minero, Hernández sostuvo que el actual régimen jurídico entrega muchas certezas y advirtió que, en la nueva propuesta, se señala que el Estado no solo es el dueño de las minas -como ocurre hasta hoy-, sino también de las sustancias metálicas y no metálicas. “Los atributos que le concede al Estado la norma constitucional que se propone dicen que el dominio es absoluto e inalienable, entonces ¿cómo puede comercializarse minería? Hay una exageración del poder y dominio del Estado”. Agregó que existe una “contradicción evidente” entre esta norma y la normativa para la exploración y explotación de minerales.
Hernández advirtió además que “no hay normas transitorias en minería, ninguna, no sabemos qué se va a aplicar, estamos en el aire” y añadió que tampoco hay claridad si la regulación minera será materia de ley o de un reglamento autónomo dictado por el Presidente de la República. “Así de débil está la normativa posterior”, subrayó.
OTRAS NORMAS
También repasó otras normas que podrían afectar la actividad minera, como es el caso de la participación democrática directa, ya que en regiones y comunas -si se reúne un determinado quórum- las propuestas de las comunidades pasan a ser obligatorias, lo que implica que se pueda imponer el interés de un determinado grupo. Algo similar ocurriría, agregó Hernández, en territorios indígenas. “Estas cosas dificultan el desarrollo de la actividad económica, el empleo, las mismas capacitaciones a las comunidades de pueblos originarios que habitualmente se realizan en minería. Ellos pueden decir que sí o no a un proyecto, de cualquier naturaleza, y su opinión es vinculante y obligatoria. Si dicen que no, no se desarrolla”, advirtió.
Sergio Hernández también recordó que el nuevo texto constitucional incluye figura del “Estado empresario”, en reemplazo del actual Estado Subsidiario en materia empresarial, por lo que ahora podría crear empresas en cualquier rubro, tanto a nivel nacional como regional.
Los cambios en el sistema judicial, el reconocimiento al derecho consuetudinario indígena, la autonomía de las regiones, la responsabilidad fiscal, el fin del Senado y del Estado de Excepción fueron algunos de los otros temas abordados en profundidad por Hernández.
Por su parte el Presidente del gremio, Philippe Hemmerdinger, recordó que, además del proceso constitucional, el país actualmente enfrenta grandes reformas -tributaria, pensiones, salud y laboral (40 horas)- lo que genera un clima de incerteza que puede afectar las inversiones, por lo que “esperamos que el Gobierno se siga abriendo a la negociación en estos temas y no siga una tendencia de remover las bases de lo que tenemos”.
