En el marco de las exposiciones sobre el proyecto de royalty minero que se está analizando en la Comisión de Hacienda del Senado, Sergio Hernández, Director Ejecutivo de Aprimin expuso la visión de los proveedores industriales del sector.
El ejecutivo aseguró que “una carga tributaria alta, aunque se ha acercado a una competitiva, como la que propone el Ministerio de Hacienda, provocará inversiones menores a futuro, por lo que se generarán menores utilidades a cada vez menos empresas contribuyentes. Si se consideran los menores empleos y encadenamientos, el impacto se multiplica”.
Asimismo, se refirió a la más reciente propuesta de ajuste anunciado por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre establecer un límite a la carga tributaria total, afirmó que debe incluir tanto el Royalty como el Impuesto a la Renta de primera categoría y el adicional.
“La idea de fijar un tope es interesante, pero es preocupant si se establece una carga tributaria total determinada, los eventuales aumentos a los impuestos a la renta posteriores pueden modificar al alza ese tope, lo que ocurriría por ser una ley posterior a la que ahora se tramita, que derogaría tácitamente el tope que proponga el Ministro. Para resolver este riesgo, es necesario que el actual proyecto de royalty incorpore una norma que permita mantener en el tiempo ese límite a la carga tributaria total, en que el elemento de ajuste sea una disminución del royalty. Esto debe ser así, porque al ser los impuestos a la renta de aplicación uniforme general (neutralidad tributaria), no es posible que sean estos inferiores para la minería”, planteó.
Hernández también indicó que Chile necesita una carga tributaria total acorde con asegurar la continuidad del desarrollo minero del país, más aún, si se tienen en cuenta las buenas perspectivas que hay sobre la demanda de cobre. Asimismo, aclaró que el país ya cuenta con un royalty, el Impuesto Específico a la Minería. En este sentido, Hernández evaluó que la propuesta del Gobierno consiste en establecer un modelo híbrido. En este sentido, no comparte que se aplique un royalty ad-valorem, porque las minas tienen distinto valor para el Estado, su dueño, según sus condiciones geológicas. Ese distinto valor no es reconocido por una tasa ad-valorem; lo justo, conceptualmente, es aplicar solo tasas progresivas por tramos sobre crecientes márgenes operacionales mineros. Añadió que diversos análisis indican que “hay espacio para aumentar la actual carga tributaria a la minería, pero no se debe afectar la competitividad”.
Profundizó que “mantener la competitividad minera frente a otros distritos no resulta solo una operación matemática, porque la carga tributaria no es el único factor para determinar la competitividad minera”, ya que hay que considerar en forma amplia diversos aspectos como la institucionalidad, las leyes del mineral, las impurezas, la dureza de la roca, las regulaciones ambientales, la relación con las comunidades, los enormes permisos, otros factores, etc.
“Dadas las desventajas competitivas geológicas crecientes de Chile respecto de los distritos mineros que nos compiten en la atracción de altos capitales, y nuestra incertidumbre constitucional, el espacio para aumentar la carga tributaria total a la minería es necesariamente acotado, para cumplir con una mayor recaudación fiscal sin afectar esa competitividad”, declaró.
