“Necesitamos que la minería vuelva a liderar aquí el carro motor de Chile”. Con esta definición, el Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koelher, planteó la necesidad de recuperar el rol de la industria minera como uno de los principales motores del crecimiento del país. Esto en el marco del seminario “Desarrollo de proveedores mineros: Riesgos y desafíos del ecosistema con visión del Gobierno”, organizado por Marsh, líder global en riesgo, reaseguro, capital, personas, inversiones, y consultoría de gestión; y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).
Ante proveedores, ejecutivos y representantes del sector, Koelher presentó las principales medidas que el Gobierno está impulsando para reactivar la inversión minera, con especial énfasis en destrabar nuevos proyectos y fortalecer el desarrollo de la pequeña y mediana minería. Entre ellas mencionó un crédito fiscal para la exploración de proyectos greenfield, (diseñados y construidos desde cero) la devolución anticipada de IVA en determinados casos, mecanismos de depreciación y amortización acelerada, incentivos y créditos para grandes operadores y nuevas líneas de financiamiento para proyectos de pequeña y mediana minería.
El Subsecretario también destacó los cambios que se buscan introducir al sistema de patentes mineras, eliminando su escala progresiva, junto con una agenda más amplia orientada a reducir los tiempos de tramitación y facilitar la inversión. El objetivo, señaló, es avanzar hacia un entorno que permita transformar proyectos que hoy permanecen en etapa de idea en iniciativas concretas y productivas.
JOAQUÌN VILLARINO
En este escenario, el Presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, puso el foco en el papel que cumplen los proveedores dentro de la industria. “No se entiende la minería sin proveedores”, afirmó, destacando que por cada empleo generado en la gran minería se crean 2,5 puestos de trabajo en el ecosistema proveedor. Actualmente, este sector genera más de 300 mil empleos directos y enfrenta una oportunidad de crecimiento especialmente relevante en regiones mineras.
Villarino también abordó el potencial que existe para ampliar el gasto de las compañías mineras en proveedores locales. De acuerdo con las cifras que presentó durante el encuentro, en la Región de Antofagasta este gasto podría más que duplicarse hacia 2030, pasando desde los actuales US$2.700 millones a US$6.600 millones, siempre que se logren cerrar brechas relacionadas con financiamiento, certificación y capacitación.
PRINCIPALES DESAFÍOS
La discusión se trasladó luego desde las oportunidades de crecimiento hacia los riesgos que acompañan la operación de este ecosistema. Para Armando Fernández, Advocacy Leader de Marsh Chile, los proveedores mineros ya no pueden evaluar sus riesgos únicamente desde la perspectiva de la eficiencia técnica, sino que deben considerar su capacidad de mantener la operación y responder financieramente frente a interrupciones.
“Uno de los principales desafíos está relacionado con las condiciones climáticas. Eventos como lluvias e inundaciones pueden generar mayores costos de mantenimiento, afectar las condiciones de los contratos y tensionar la capacidad de respuesta de las empresas”, señaló el ejecutivo. Para Fernández, esto obliga a los proveedores a revisar anticipadamente sus escenarios de exposición y contar con planes de contingencia que les permitan responder frente a interrupciones de sus actividades.
A esto se suma la exposición de activos operativos y equipos móviles críticos. Un incendio o daño en uno de estos activos puede detener las funciones de un proveedor e impedirle cumplir con sus mandantes, pero también generar un efecto sobre toda la cadena de suministro. Por eso, el ejecutivo destacó la importancia de identificar dónde están las principales concentraciones de riesgo y cuánto tiempo tomaría reponer equipos o stock en caso de una interrupción.
“Otro frente está en los accidentes y daños a terceros. Un siniestro no solo puede generar consecuencias para las personas afectadas, sino también derivar en paralizaciones de faenas, conflictos comerciales con los mandantes y daño reputacional”, expresó Fernández. En este contexto, llamó a fortalecer los protocolos y el gobierno corporativo como parte de una gestión de riesgos que permita anticiparse a este tipo de situaciones.
Finalmente, Fernández puso especial énfasis en la exposición a ciberataques, un riesgo que, a su juicio, ninguna empresa puede considerar ajeno. Un ransomware o malware puede impedir la facturación y paralizar operaciones, como también comprometer información de clientes. Frente a este escenario, destacó la necesidad de mantener controles básicos de seguridad, como la autenticación multifactor y mecanismos de doble validación.
