El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería , Jorge Riesco, afirmó que, si bien las indicaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda al proyecto de royalty a la minería “mejoró el diseño original de la iniciativa”, la propuesta del Ejecutivo aún “mantiene una carga tributaria excesiva (distintos cálculos lo avalan), que afectarán la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente las inversiones futuras”.
Riesco expuso la postura del gremio ante la Comisión de Minería y Energía del Senado.
En su presentación, Riesco señaló que se requiere a la brevedad, “consensuar los cálculos del royalty, compartiendo los supuestos de cada modelo y arribar a un escenario probable y compartido, para entregar un solo dato a la Comisión de Minería del Senado”.
Asimismo, el presidente de Sonami dijo que es necesario vincular la aplicación del royalty a la operación, considerando la faena minera como unidad independiente que genera la producción, “atendido que cada una tiene particularidades diferentes, incluso dentro de un mismo grupo controlador”.
En cuanto a la determinación del Margen Operacional Minero, Jorge Riesco afirmó que “es indispensable que se incorpore la deducción (como lo es en la actualidad), los gastos de organización y puesta en marcha (reconocimientos y preparaciones). Estos gastos forman parte consustancial de la actividad minera.
Planteó también a los senadores la necesidad de medir el impacto del royalty incorporando los efectos que podría generar la Reforma Tributaria anunciada. “El sector requiere certezas”, afirmó Riesco.
“Es fundamental propiciar un ambiente de impulso a la inversión en el sector minero, de tal forma de incrementar la producción de cobre en un plazo de 5 a 6 años, poniendo particular atención a los proyectos de mediana envergadura, es decir hasta las 200 mil TM de cobre anuales”, añadió.
Dijo que, como consecuencia de una carga tributaria excesiva, “Chile se hace menos atractivo que otros destinos para atraer inversiones, lo que va en sentido contrario a lo que pretende el recaudador e incide directamente en las posibilidades de seguir desarrollando la industria y aprovechar nuestro enorme potencial minero”.
“Debemos impulsar cambios en nuestra legislación que otorguen mayores grados de certeza jurídica, agilizar el otorgamiento de permisos y generar una instancia pública que vele por una más expedita tramitación de proyectos”, concluyó.
