*Uno de ellos, el ex Intendente por Atacama, Francisco Sánchez Barrera.
Dos ex ejecutivos de Scm Atacama Kozan, uno de ellos hasta hace un mes Intendente de la Región de Atacama: Francisco Sánchez Barrera, quien se desempeñó hasta el 11 de julio del año pasado y antes de asumir el gobierno regional como Subgerente General, han sido querellados por la compañía por el delito de estafa y otras defraudaciones.
La querella se presentó en el Juzgado de Garantía de Copiapó, la cual fue acogida a tramitación y, los antecedentes derivados al Ministerio
Público; mientras en el mismo escrito se solicita investigar a algunas empresas proveedoras y de servicios.
El otro querellado por la minera es Rodrigo Albornoz Encalada, quien asumió como Subgerente General en reemplazo de Sánchez. Albornoz, quien fue jefe de Sdministración y Finanzas durante el período de Sanchez, fue desvinculado del cargo en febrero de este año y lo propio hizo Sánchez al presentar sorpresivamente su renuncia como Intendente el 20 de febrero de 2019. El gobierno en aquella ocasión dio como razón: “problemas personales”, sin fundamentar cuáles eran éstos.
Sánchez, de profesión contador público, tiene un magíster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Eserp de Barcelona y Diplomado en Gestión de Empresas en la Universidad Católica de Chile. Es militante de Renovación Nacional.
La acción judicial contra estos dos altos ejecutivos de la minera, se hizo efectiva el 20 de marzo, una vez que se hiciera un minucioso levantamiento de información que arrojaría hasta hora un millonario fraude que superaría los 5 millones de dólares.
¿CÓMO OPERABAN?
La querella revela el modus operandis que tenían ambos ejecutivos para hacer acciones fraudulentas contra la minera. Esta dice que:
“Durante el mes de febrero de 2019, representantes de los dueños de la empresa recibieron antecedentes de que los querellados, abusando de sus cargos y la confianza depositada en ellos, exigieron a diversos contratistas, sin autorización ni conocimiento de nuestra representada, que aumentaran artificialmente el precio de los contratos de servicios, obras y bienes prestados a Scm Atacama Kozan. Lo anterior, a fin de destinar el mayor valor de dichos contratos a cubrir beneficios tanto para los querellados como para terceras personas, a su requerimiento. De esta forma nuestra representada terminaba pagando los beneficios ilícitos que procuraban para sí o terceros los imputados Sánchez y Albornoz, por la vía de que se cobraba a Scm Atacama Kozan, mediante engaño, el sobreprecio con cargo al cual se concretaba el fraude bajo la apariencia de que estaban pagando servicios, obras y bienes que forman parte del giro de la referida empresa. A través de este engaño se causó un perjuicio que aún se está cuantificando pero que alcanza un monto equivalente a varios millones de dólares americanos”.
Estos hechos habría acontecidos entre los años 2014 al 2018.
La investigación al interior de la minera aún no concluye, sino está en desarrollo, por lo que pueden quedar al descubierto otras aristas de esta maquinación calificada por los abogados querellantes como: “fraudulenta” en perjuicio de su representada Scm Atacama Kozan.
La querella señala en parte que a su juico hay defraudación, simulación, perjuicio y abuso de la posición de poder entre otros aprovechándose de la confianza en la que se había depositado en ellos para engañar a la empresa. “Lo anterior en términos de simular una apariencia de seriedad, ya que se trataba de proveedores y contratistas habituales en el rubro minero, haciendo creer que el valor de sus servicios o bienes eran muy superior al real, generando con ello un estado de error que la llevó a disponer importantes sumas de dinero, en beneficio ilícito de los querellados, incrementando el patrimonio personal de los mismos, a costa del patrimonio de la empresa”.
SOLICITAN INVESTIGAR A PROVEEDORES
El escrito legal dice que a las empresas contratistas se les garantizaba la posibilidad de ser proveedores de bienes y servicios de Scm Atacama Kozan por parte de los querellados bajo la condición fraudulenta de que accedieran a abultar artificialmente el monto de sus contratos, y acceder a destinar el sobreprecio a los gastos de Sánchez y Albornoz.
Entre las diligencias que solicita el equipo de abogados al Ministerio Público a realizar, figuran las empresas Bruno del Pero y Compañía Ltda. Helical Group, Eklipse, Transportes Oviedo, Gestión y Comunicaciones San Lorenzo Limitada y, Macep Ltda., Sociedad Constructora Grogg Ltda. y Sondajes y Construcciones Ltda.
