La aprobación general de una iniciativa que busca nacionalizar las empresas mineras, ha provocado el natural remezón en el sector y más aún que la convencional, Ivanna Olivares, ya puso nombre y apellido por donde empezar: Minera Escondida en la Región de Antofagasta.
Ella es una de las autoras de la propuesta que está bajo el nombre de: “Norma por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”. Esta propuesta fue firmada por convencionales de Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y Coordinadora Plurinacional.
La nacionalización que se pretende impulsar, es para todos los bienes nacionales considerados estratégicos, entre los que están: el cobre, litio, oro, plata y uranio entre otros.
En cuanto a exploración, la norma expresa que debe realizarse en cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos.
También contempla que es el Estado de Chile, en representación de los pueblos, el que tendrá el dominio absoluto, exclusivo, excluyente inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos, todas las minas y añaden que cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos: “la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes”.
La actual Constitución de 1980, permitió el derecho a la propiedad privada, descartando todo intento de repetir la reforma impulsada por Salvador Allende de: “Nacionalización del cobre”. Desde 1980 al 2022, los grandes inversionistas extranjeros invirtieron en exploraciones y construcciones en proyectos mineros en el país abriendo oportunidades laborales y consolidando económicamente a Chile en el Continente.
La norma planteada establece también que las concesiones, cesarán inmediatamente una vez vigente la nacionalización y que ésta se extenderá a los bienes de terceros, de cualquier clase.
La propuesta de Ivanna Olivares, contó con la aprobación de 11 convencionales, tuvo seis rechazos y dos abstenciones, por lo que tuvo mayoría absoluta para ser aceptada en la votación general.
No sólo el sector ha rechazado la mencionada propuesta, sino también algunos expertos por considerarla un atentado a la credibilidad del país; por vulnerar los tratados internacionales y, particularmente, porque el estado chileno no está en condiciones de reembolsar millonarias sumas de dinero para compensar cada proceso de nacionalización, donde, curiosamente los convencionales, no han planteado la forma de cómo poder hacerlo sin afectar ni dañar económica, laboral y socialmente el país.
