Una exposición de más de una hora, que permitió explicar con claridad los principales problemas de la nueva Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap) y establece 99 sitios prioritarios en el país, hizo la directiva de la Agrupación Nacional de Pequeños y Medianos Mineros y Dueños de Concesiones Mineras.
El grupo de dirigentes compareció a partir de las 15 hrs. de hoy ( miércoles 7) ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que preside el diputado, Jaime Araya.
En la ocasión, abrió las intervenciones el presidente de la Agrupación, Patricio Gatica, quien hizo presente las aprensiones que tiene el sector ante una legislación que pone en jaque el derecho de propiedad, “instala fuertes limitaciones para avanzar en la productividad, anticipa el inminente cierre y abandono de faenas de la pequeña y mediana minería, y confirma la imposibilidad de seguir dando trabajo a miles de personas que dependen directamente de estas fuentes laborales, entre otras nefastas consecuencias”.
Hizo presente que: “no venimos solo a oponernos o criticar la norma. Los mineros somos los primeros en estar disponibles para defender y cuidar el medio ambiente porque forma parte de nuestro hábitat laboral. Pero, queremos diálogo, conversación, coordinación, participación e intercambio de opiniones, con el fin de establecer un sistema equilibrado, equitativo y que no cause daño a las personas”.
Por su parte, el Presidente de la Asociación Gremial Minera de Antofagasta, Patricio Céspedes, planteó cuatro peticiones, entres las cuales destacan suspender la tramitación administrativa de los 14 reglamentos del Sbap hasta que asuma el próximo gobierno y respetar el plazo legal de hasta 5 años para la dictacion de los reglamentos de la misma ley.
También propuso una mesa de trabajo integrada por todos los incumbentes en el tema, como son los sectores industriales, Ong’s, y las autoridades competentes a cargo de esta materia.
PRINCIPALES FALENCIAS
La explicación técnica de las principales falencias juridicas de la ley y las dudas que plantean los reglamentos, estuvo a cargo del abogado asesor de la Agrupación, Juan Carlos Urquidi Fell.
El experto señaló como una de ellas la hegemonía jurisdiccional que la ley le entrega al Sbap para vetar proyectos de inversión e incluso reemplazar al Servicio de Evaluación Ambiental.
También hizo ver la confusión que se plantea respecto de las compensaciones ambientales que en materia de biodiversidad amenazada o especies, ecosistemas y genes se produce por la celebración de contratos de conservación por los usos ecosistémicos que los titulares de proyectos de inversión le generan al medioambiente.
