El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, ad portas de que el Ministerio de Minería entregue los resultados del Request For Information (Rfi), señaló que “para avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible de explotación de litio, es crucial alinear las capacidades del sector privado con las expectativas del Estado, asegurando que cualquier cambio hacia la concesibilidad del litio esté respaldado por un marco claro y robusto de regulación y tecnología adecuada”.
A partir de un trabajo elaborado por el Centro de Estudios para la Minería de Sonami, Riesco abordó las dudas e interrogantes que genera el proceso de Rfi, señalando que “si se prioriza a alguien que ya tiene propiedad minera para la asignación del Ceol, podría ser en detrimento de un oferente que no tenga propiedad minera, pero que sí ofrezca una mejor oferta en términos técnicos, con métodos de extracción más eficientes y avanzados, basándose en los criterios técnicos que, se espera, sean definidos por la autoridad”.
Asimismo, planteó que surge la duda de “cómo se designarán las capacidades máximas de extracción de salmuera, especialmente en el caso (aún hipotético) de extracción multisalar, donde más de una entidad extrae litio del mismo salar”.
“Las capacidades de extracción asignadas deben coincidir armónicamente con los límites técnicos del salar y con las capacidades de extracción de las empresas. Es necesario establecer un criterio claro para aumentar la extracción autorizada del salar en caso de escalamiento, basándose en los límites del salar y las capacidades de los privados”, acotó..
Riesco añadió que, en un contexto multisalar, “el aumento de la capacidad de extracción autorizada a una empresa podría afectar la producción de otra. Por ejemplo, si se autoriza un aumento de capacidad a una sola empresa, la otra podría quedar en desventaja debido a la dilución de la concentración de litio, lo que podría llevar a que una empresa perjudique e incluso elimine a otra”.
En ese sentido, el presidente de Sonami precisó que el diálogo es primordial entre los privados y la autoridad para “decidir las capacidades de extracción”. “No solo eso, sino que dichas capacidades de extracción están limitadas tanto por el límite técnico del salar, definido con base en criterios medioambientales, como por las capacidades de las empresas. Cada proyecto tiene una concentración mínima que lo hace viable”, sostuvo.
“Si bien estas interrogantes plantean desafíos significativos tanto técnicos como legislativos, no deberían ser obstáculos insuperables ni razones para mantener un régimen de explotación del litio que dificulte el desarrollo de esta industria”, puntualizó Riesco.
A modo de ejemplo, el directivo mencionó el caso de la explotación de petróleo y gas en Texas, donde múltiples concesionarios extraen de un mismo pozo, utilizando habitualmente Joint Operating Agreements, o contratos de operación conjunta. “Estos acuerdos proporcionan una base contractual para la explotación, desarrollo y producción de petróleo y gas entre varios “co-concesionarios”.
Riesco dijo que “sería beneficioso para el legislador chileno estudiar este caso debido a las similitudes, donde diversas entidades están involucradas en la extracción de un mismo pozo, o salar en el caso de Chile”. “Esto es crucial, ya que el desarrollo y crecimiento de esta industria debe ser sinónimo de sostenibilidad, considerando el papel preponderante del litio en los esfuerzos globales de descarbonización”.
