La discusión del proyecto de ley para aplicar una nueva carga impositiva al sector minero, aprovechando el bullado nuevo “super ciclo” del metal rojo que logró este año traspasar los US$ 4 la libra, se inició en el Parlamento con las ponencias del gobierno y de los gremios del sector minero: Sonami y el Consejo Minero.
El Diputado Esteban Velásquez, integrante de la Comisión Hacienda y quien presentó la propuesta, asegura que es la ocasión para sentar las bases de una Política Nacional del Cobre ,por tratarse de un recurso mineral no renovable y que a su juicio atraviesa hoy por un elevado precio.
Originalmente se plantea un tributo sobre el 10% del precio de la exportación, el que se aplicaría cuando el precio supere los 3 dólares la libra en el caso del cobre. El impuesto sería móvil y podría pasar a ser de 20% cuando la libra supere los 4 dólares o más, como ocurre hoy. De superar la libra de cobre los US$5, el tributo podría alcanzar 30%, lo que no es menor.
Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero de Chile.
Como era de esperarse, el Gobierno en la voz del Biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, defendió el actual régimen impositivo de la gran minería; recordando que la producción del metal rojo ha perdido terreno en comparación a otras naciones igualmente productora y, que nuevas imposiciones podrían desincentivar las futuras inversiones mineras en el país.
El pago de impuestos para un proyecto minero en Chile – puntualizó el Secretario de Estado – representa 44,5% sobre las ganancias operacionales, superando el promedio de otros productores como Perú, Canadá, México y Estados Unidos, de 35%.
Jobet, expuso que el impuesto específico a las utilidades de la gran minería -vigente desde 2010- aumenta sustantivamente la recaudación respecto del “súper ciclo” anterior del metal rojo.
GREMIOS MINEROS
Tanto la Sociedad Nacional de Minería como el Consejo Minero, fueron los gremios a cargo de exponer su visión frente a esta nueva carga impositiva,
Diego Hernández Cabrera, Presidente de Sonami.
El líder de la Sonami, Diego Hernández Cabrera, institución gremial que agrupa y representa en Chile la actividad minera de la gran, mediana y pequeña escala, metálica y no metálica, dijo durante su intervención que era preferible mantener el modelo vigente y tener una mirada a largo plazo: “Nosotros creemos que un royalty a las ventas perjudica el desarrollo de la minería y, finalmente, no va a recaudar más”.
Hernández destacó la contribución que ha hecho la minería en las últimas décadas, argumentando que si se consideran todos los factores de los encadenamientos productivos de la minería el Pib minero son se duplicará como algunos estiman.
“En los últimos 15 años la minería contribuyó con el 12,9% del Pib y si consideramos el Pib inducido podría ser superior al 20%”, resaltó
Enfatizó que la minería chilena desarrolla un modelo del siglo XXI, explicando que: “es una actividad integrada a la economía con participación de capital nacional (estatal y privado) e internacional, con gran, mediana y pequeña minería, capturando las sinergias de los aportes de cada uno de ellos. Este modelo ha sido capaz de construir el parque productivo actual, principal actividad económica del país”.
“Hago un llamado a que el país adopte este modelo donde habrán minas con yacimientos más generosos, que van a pagar más impuestos y otras más marginales, pero que también son importantes porque generan empleos y encadenamientos”.
Al referirse al proyecto de ley, Hernández dijo que en la eventualidad que se aprobara aumentar la carga tributaria del sector que ya es una de las más altas del mundo y al ser ad valorem (imposición en forma de porcentaje sobre el valor de transacción del bien) equivale a subir la ley de corte. “Esto es grave, pues transforma en antieconómico los yacimientos de leyes más bajas”.
Cerró su presentación, diciendo que la minería ha sido capaz de mantener la continuidad operacional y la cadena de pagos, aplicando estrictos protocolos sanitarios gracias a una cultura madura y resiliente y al apoyo de los trabajadores, sus familias y las autoridades. “El parque productivo ha demostrado ser un gran patrimonio nacional que ha ayudado al país en esta crisis y está llamado a jugar un rol fundamental en la recuperación de la economía post pandemia. Para recuperar la inversión, es fundamental enviar señales claras de seguridad jurídica”.
CONSEJO MINERO
Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero, que es una asociación que reúne en Chile a las empresas productoras de mayor tamaño de cobre, oro, plata y molibdeno; cuyos socios son compañías de capitales nacionales y extranjeros de propiedad pública o privada, enfocó el inicio de su ponencia a que también debe considerarse en la discusión, todas las contribuciones que ha realizado el sector más allá de la tradición tributación.
Entre los 2015 y 2019 -en un período de precios bajos- más del 60% de las utilidades se destinaron a proveedores y trabajadores y solo el 16% para los productores, recalcó Villarino, descartando la hipótesis de la elusión tributaria y recordando además la volatilidad que tienen los ciclos de las materias primas.
“Hay que tener una mirada más global, porque este sector forma parte clave de la economía del país. El encadenamiento productivo de la minería es de 1,78 veces, por lo que es una actividad reactivadora”.
Villarino, hizo también hincapié a que el país ya tiene un Royalty. “El 2020, el Banco Interramericano de Desarollo midió la eficacia de los impuestos en Latinoamérica y para Chile encontró que: “no reduce el tamaño de la torta por cada dólar recaudado en concepto de impuestos”.
Respecto al estudio de Ernst & Young, argumentó que “todo análisis del sistema tributario debe considerar una comparación con otros países”. En tal sentido, el informe de 2020: “mostró que el pago de impuestos para un proyecto minero en Chile – 44,5% sobre las ganancias operaciones- es mayor que en otros países mineros como Perú, Canadá, México y Estados Unidos”.
Finalmente, dijo que el Consejo Minero está abierto a entregar toda la información que se requiera y, que espera un debate razonado y basado en la evidencia. “El país tiene pleno derecho a debatir sobre el impacto del alza del precio del cobre y la recaudación de impuestos, pero un debate tan trascendental debe hacerse con altura de miras, objetividad y en base a la evidencia”, terminó diciendo.
