Tras casi once años de haber sido rescatados con vida tras el derrumbe de la Mina San José, en la comuna de Copiapó, Región de Atacama, 31 de los 33 mineros deberán recibir el pago de 40 millones de pesos del Estado de Chile, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago, determinará que los organismos públicos de la época a cargo de velar por la seguridad, no cumplieron con el deber de protección y, que hubo negligencias en el cumplimiento de sus funciones al no hacer cumplir y menos respetar situaciones detectadas en reiteradas inspecciones realizadas al yacimiento.
Pese así, la mina San José, de explotación subterránea, continuó con sus labores hasta el mismo día en la que acontecieron los hechos. Hoy permanece cerrada tras el rescate de los 33 mineros.
El hecho que dejó sepultado a los mineros por 69 días, estremeció no sólo a Chile, sino al Mundo. La demanda contra el Estado se prolongó por casi una década, pero finalmente llegó a su término tras lograr los demandantes un pronunciamiento favorable, determinando el Tribunal que si los organismos del Estado se hubiesen preocupado de velar por exigir el cumplimiento de las falencias detectadas, los mineros no habrían quedado sepultados vivo, lo que finalmente aconteció.
La Mina San José, señala parte del informe judicial, contaba con todas las autorizaciones que le exige la ley para funcionar y, lo continuó haciendo pese a las exigencias y recomendaciones formuladas por sus condiciones de inseguridad.
Indica que los trabajadores sufrieron daños sicológicos, los que fueron debidamente acreditados en el proceso y, que además hubo daño moral y síquico.
Los dos mineros que se restaron a la demanda contra el Estado de Chile, fueron: Luis Bustos y Juan Illanes. Ambos tuvieron razones familiares, señalando tener proyectos de vida y, también, porque estimaban que quienes fueron los grandes responsables y, lo que deberían pagar son los propietarios de la Mina San José: Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, quienes no aparecieron por ningún lado en el mencionado juicio.
