El buen precio que ha registrado la libra de cobre, hace que bandas organizadas roben los cables eléctricos; es así, como el año pasado se sustrajeron, según datos entregados por la Empresa Eléctrica Ag, 590 kilómetros de tendido eléctrico ocasionando interrupciones de suministros a más de 541 mil clients en todo el paìs.
La magnitud de este delito ha escalado a niveles preocupantes. La cantidad de cables eléctricos robados es equivalente a la distancia entre la Región Metropolitana y la Región de La Araucanía-
“Estamos frente a un fenómeno criminal de alto impacto que afecta hogares, postas rurales, escuelas, sistemas de agua potable y otros servicios críticos, vulnerando el acceso de las personas a un servicio esencial, y que además pone en riesgo la vida de trabajadores, vecinos y de quienes cometen estos delitos”, señaló Juan Meriches, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas Ag.
Así las cosas, de acuerdo a las estadísticas del gremio, en los últimos cuatro años han ocurrido más de 5.800 casos de robos de cable, los que han significado la sustracción de casi 1.900 kilómetros de conductores eléctricos.
Durante 2024, las empresas distribuidoras agrupadas en el gremio interpusieron 546 querellas y denuncias, reforzando su compromiso con la persecución penal de estos delitos. No obstante, el gremio insiste en la necesidad urgente de avanzar en políticas públicas y medidas legislativas que mejoren la persecución de este delito y enfrenten este problema desde su origen: el comercio informal e ilegal de cobre robado.
“El Congreso discute hoy proyectos clave para enfrentar este delito. Hacemos un llamado urgente a que estas iniciativas avancen con celeridad. Es fundamental contar con herramientas más eficaces para sancionar y prevenir este tipo de delitos, que amenazan la seguridad de las personas y la operación de una infraestructura crítica para el país”, agregó Meriches.
Desde el gremio hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar con la denuncia de estas malas prácticas y a las autoridades a reforzar las medidas de control, fiscalización y sanción. “Proteger la continuidad y seguridad del suministro eléctrico para los hogares es una tarea compartida. Requiere de coordinación pública-privada, compromiso sostenido y decisiones firmes que desincentiven este tipo de delitos que atentan contra el bienestar colectivo”, concluyó Juan Miriches
