Por Eduardo Alegría Olivares, Director Revista Minera Crisol.- Mientras que en Agosto de 2016, el entonces Presidente de Codelco, Nelson Pizarro Contador señalaba públicamente que en la compañía “no hay un puto peso” – ante la baja que experimentó por aquella época la libra de cobre en los mercados internacionales, el fuerte endeudamiento que registra la estatal chilena y de la serie de proyectos pendientes y por desarrollar, el Consejo de Defensa del Estado anunció a inicio de la semana recién pasada, una querella por $12.800 millones, como consecuencia de una estafa ocurrida un año después – el 2007 – de las célebres palabras pronunciadas por el ex ejecutivo y que aún están en la memoria colectiva de los chilenos.
¿De que se trata?
Todo se inició cuando los ejecutivos de la época, decidieron externalizar la mantención del Hornos Flash de la Fundición Chuquicamata y aunque históricamente esta labor la hicieron los trabajadores de la misma empresa – donde nunca hubo problemas- igualmente y sin razón alguna el servicio fue traspasado a terceros.
Fue así como se firmó la transacción comercial con la empresa filandesa Outotec, por la no despreciable suma de 9 mil millones de pesos y, pese a ello, ésta no cumplió con el plazo de entrega y, peor aún , el horno fue armado al revés, lo que quedó en evidencia cuando los tradicionales trabajadores de Codelco debieron ser llamados de urgencia para rearmarlo y estrechar los días de atraso con la entrega.
El costo de la mencionada mantención con mano de obra directa de la estatal, era de 3.800 millones de pesos; mientras que externalizarlo, tuvo un costo superior a los 12 mil millones de pesos.
La decisión de los ejecutivos de la época no fue la mejor, correcta ni tampoco la más transparente.
Curiosamente, este nuevo fraude al fisco aconteció hace siete años a la fecha y está basado en una reciente auditoría desarrollada y dada a conocer por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Me pregunto: ¿No había premura en dejar al descubierto a los culpables?
En Diciembre del año 2020, con tres años de desface, los dirigentes sindicales de Chuquicamata denunciaron que por el atraso de la entrega del Horno Flash, hubo una pérdida para la empresa de US$ 128.219.178, una cifra no menor si consideramos las condiciones económicas en la que está la estatal chilena.
Codelco mueve mensualmente millones de dólares en compras y servicios y probablemente la cifra mencionada no es nada, pero la sumatoria de otras es claramente preocupante.
LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Y LAS IRREGULARIDADES
A la licitación del Horno Flash se presentaron tres empresas: la cuestionada Outotec, Hatch y Steel.
La investigación determinó que durante el proceso de licitación hubo irregularidades; ya que en dicho proceso Outotec envío su oferta fuera de plazo en comparación a las otras dos en competencia; también se estableció que los trabajadores del equipo Outotec, llegó tres días después de la fecha en la que debía hacerse cargo de la mantención, establecida el 15 de junio de 2017. Es decir, desde el inicio, este contrato partió con un manto oscuro que cubrieron los hechos que posteriormente comenzaron a desencadenarse y… ¿a beneficio de quién?
Nadie dijo nada, ni tomó cartas en el asunto de que el servicio se iniciaba con atrasos; menos aún adoptaron sanciones económicas por un servicio que registró una demora de entrega de 42 días y, que de no haber participado el equipo propio de Codelco, hubiesen sido más de dos meses.
Lo que llama la atención es de cómo se manejan administrativa y económicamente las cosas en la estatal, porque la filandesa Outotec, reclamó además trabajos adicionales a Codelco, negociando un pago por $8.150 millones y solicitó, además, el término del contrato. Cosas que sólo pasan en Codelco o, en alguna repartición pública, como las llamadas Fundaciones, donde la danza de millones no deja de ser preocupante y donde no hay culpables.
Del caso en comento, han pasado los años y, lo más probable que quienes tomaron el 2017 esas decisiones ya no estén en la empresa, están retirados o posiblemente partieron a mejor vida; no obstante y pese al período transcurrido, el Consejo de Defensa del Estado presentó la denuncia ante la Fiscalía Centro Norte, determinando que Codelco infringió varias normativas, como cambios y avisos nunca ingresados al libro de obras, emisión de estados de pagos sin contar con la documentación legal y el no cobro de una multa por $2.134 millones a la empresa al no cumplir con las obras acordadas. Qué fin y destino tendrá esa querella, ¿pagará otra vez Moya? Es la gran incógnita.
Este tipo de delitos económicos no es la primera vez que acontecen en la estatal, que de ser el sueldo de Chile, se ha convertido en la deuda, poque igualmente en la memoria colectiva y sólo por nombrar algunos de tantos otros, está el caso de Juan Pablo Dávila, Operador de Mercado Futuro, quien recibió sólo en coimas, entre los años 1991 y 1995, más de 12 millones de dólares para favorecer a un grupo de agentes de la Bolsa de Metales. El perjuicio económico para Codelco fue de 217 millones de dólares de la época.
Por otra parte, en Agosto de 2022, el mismo Consejo de Defensa del Estado presentó una ampliación de su querella interpuesta en Abril de 2020 contra el ex Presidente Ejecutivo Nelson Pizarro y del particular, José Julián González, Gerente General y propietario de la empresa de movimiento de tierra “Indak”, por delito de fraude al Fisco, al adjudicar una empresa de transporte de materiales y, que posibilitó una ventaja económica indebida a uno de los hijos del ex ejecutivo.
Indak, fue una de las empresas que trabajó durante la construcción del proyecto Caserones en la Región de Atacama, donde Pizarro también fue su Presidente y Gerente General.
Las situaciones dolorosas, coimas y fraudes, han atentado contra el patrimonio de todos los chilenos, lo que revela que las cosas no marchan bien ni existe control exhaustivo en este gigante de cobre, donde debe hacerse una acuciosa investigación para saber en qué se está fallando para que este tipo de situaciones no sigan repitiéndose a través del tiempo.
Sólo esperamos que la querella llegue a buen término y no sólo para ser archivaba como muchos otros casos que han acontecido en la estatal, la que hoy más que nunca requiere precisamente de esos “putos pesos” que tanto clamaba Nelson Pizarro. ¡¡¡Qué paradoja!!!
