Cualquier medida que afecte a la industria minera también tiene un impacto en los proveedores, ya que ambos sectores están estrechamente vinculados; en el fondo son un solo sector, señaló durante el Networking “Club de la Minería” el Director Ejecutivo de la Asociación de Proveedores industriales de la Minería, Sergio Hernández, quien hizo un minucioso análisis del nuevo Royalty Minero.
El ejecutivo, analizó detalladamente la nueva ley, destacando que a lo menos ya hay certezas. Al plantear definiciones de conceptos, afirmó que el royalty retribuye al país la pérdida que se le genera al extraerse un recurso mineral y, por lo tanto, va perdiendo el Estado patrimonio y, por otra parte, la minera se apropia del insumo principal para su proceso industrial, razones por las cuales es justo que exista este tributo.
Luego argumentó que: “la nueva ley establece una carga tributaria máxima para la minería de 46,5% para aquellas mineras que producen el equivalente a más de 80 mil toneladas de cobre de contenido fino, o de 45,5% para aquellas que producen entre 50.000 y 80.000, cargas máximas que incluye el impuesto de primera categoría, el adicional y el royalty. Por lo tanto, afirmó, cuando ocurre el pago de los impuestos adicional y el de primera categoría, con tasas finales de 35%, preguntó ¿cuánto es entonces la tasa máxima que queda para el royalty?. Solo 11,5%; o 10,5%, respectivamente. Luego, las tasas efectivas de royalty 8% al 26% sobre la Renta Imponible Operacional Minera, en el fondo podría llegar sólo hasta el 11,5%”.
NO ES EQUITATIVA TASA AD VALOREM
Hernández también abordó el tema de la equidad en el impuesto ad valorem, argumentando que este tipo de impuesto no es justo para las empresas mineras más pequeñas con altos costos de producción: “Siempre se decía que el impuesto ad valorem, no era justo con las mineras más chicas de altos costos. Toda la razón<: eso es así, porque afectaba a la venta, independientemente de los costos. Además, es necesario verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista del Estado. El Estado es el dueño de las minas, pero tiene minas que tienen distinto valor, porque tienen distintas leyes, distintas impurezas, más o menos dureza de la roca, distintas pastas minerales, etcétera, todas razones geológicas, que no tiene relación con la gestión más o menos eficiente de la minera (…) Entonces, ¿por qué el Estado va a tener derecho a una retribución pareja, cuando las minas que explota el concesionario minero tienen distinto valor? (…) Por lo tanto, ni desde el punto de vista de las mineras ni del del Estado, a mi juicio, no es equitativa una tasa ad valorem”.
El Director Ejecutivo continuó su presentación argumentando que el aumento de la recaudación para el Estado no depende únicamente de la carga tributaria, ya que un alto nivel tributario puede disminuir la inversión, la producción, y la rentabilidad, lo que a su vez, reduce la base imponible para los impuestos y el royalty. Al final, tasas muy altas logran precisamente lo contrario a su propósito que es recaudar más para el Estado, afectando también el empleo y el encadenamiento productivo. Solo el futuro nos dirá si esta nueva ley permitirá atraer nuevas inversiones.
Ahora bien, en el caso de un eventual proyecto de Reforma Tributaria, Hernández mencionó que: “Vamos a ver lo que pasa, si se llegara a aumentar el 27% de impuesto de primera categoría, no se debiera nunca poner en duda el respeto al 46,5% o 45,5% de cargas tributarias máximas a la minería, por lo que debería ocurrir en la práctica, es que el royalty tendría que disminuir sus tasas, como mecanismo de ajuste”.
“Sobre el destino de parte importante de los recursos del royalty a las regiones y comunas mineras, lo consideró muy conveniente, pero advirtió que, cuando uno analiza el grado de ejecución presupuestaria de las regiones y comunas, el problema es que será muy necesario aumentar la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales y comunales, que no ha sido históricamente buena. Nosotros propusimos en el Senado un organismo público-privado en que las empresas de la zona, mineras, preferentemente, puedan con su capacidad de gestión en inversión, ayudar al diseño de la ingeniería y a la decisión de los proyectos públicos, con todo el control público que se quiera, pero que de alguna manera ayude en su ejecución presupuestaria a los gobiernos regionales”, finalizó Hernández.
