La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió la tarde del viernes 14 de Enero, el recurso de protección presentado por el Gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, dictando la orden de no innovar y que suspende el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio.
La acción judicial había sido ingresada por el gobernador Vargas antes de que el Ministerio de Minería anunciara la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se ofrecían.
Frente a esta acción judicial, el Ministerio de Minería, a través de una de una declaración pública, se refiere al hecho expresando que: “Respetamos las resoluciones del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, nos encontramos analizando los antecedentes y responderemos conforme a las herramientas y plazos que nos entrega la ley”
Señalan más adelante que: “Cabe precisar que la orden de no innovar no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso. El Ministerio de Minería reitera que la licitación nacional e internacional para aumentar la producción de litio ha sido un proceso abierto, informado, transparente y que ha cumplido con toda la legalidad vigente”.
CORTE DE ANTOFAGASTA
Mientras esto se desencadenaba en los tribunales de Copiapò, paralelamente en Región de Antofagasta, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección presentado por la Comunidad Atacameña de Coyo en contra del proceso de licitación del litio.
A diferencia de la Corte copiapina, la antofagastina, no aceptó la orden de no innovar que se pedía en el mismo recurso, por lo que no ordenó la suspensión del proceso.
Según la comunidad Coyo, acusa vulneración de derechos en el proceso de licitación.
Aunque la Corte acogió la acusación de la comunidad indígena, estableció 15 días para que los demandantes presentes y argumenten los antecedentes que justifiquen la acusación.
