*Daniel Llorente: “Es clave mejorar lo procesos de evaluación ambiental”.
De no activarse nuevos proyectos de inversión en Atacama -considerando la gran incidencia que registra históricamente el sector minero- no se logrará generar nuevos puestos de trabajo en el corto plazo y menos aún dinamizar otros sectores de la producción.
No obstante, lo más preocupante en Atacama, según el Informe Económico Coyuntural elaborado por el Departamento de Estudios de la Corporación para el Desarrollo de Atacama, Corproa, y presentado vía on line, es el estado de Excepción Constitucional que derivó en que el Servicio de Evaluación Ambiental adopte medidas de seguridad para evitar el contagio entre quienes participan en el proceso de evaluación.
Esto ha significado la suspensión, desde el 20 de marzo, de los procesos que incluyen participación ciudadana y la prórroga de la entrega de respuestas a consultas de los organismos públicos, situación que trae aparejado más demoras a los trámites que se mantienen aún en compás de espera.
De acuerdo a datos obtenidos del Sistema de Evaluación Ambiental en la Región de Atacama, a mayo de 2020, existen 32 iniciativas de inversión en etapa de “en calificación” y aunque no todas han llegado a las etapas de consultas, las dificultades que hoy enfrenta el Sistema de Evaluación Ambiental, los servicios públicos y las comunidades, añaden incertidumbre respecto de los plazos de calificación de los proyectos.
“La situación económica no es favorable y las crisis social y sanitaria han traído una interminable lista de dificultades. A pesar del esfuerzo de las mineras para alentar el distanciamiento, esto ha significado que los proyectos se hayan ralentizado o suspendidos hasta nuevo aviso. Es clave mejorar los procesos de evaluación ambiental que, sin dejar de velar que los proyectos cumplan con la normativa ambiental y las buenas prácticas, favorezcan la materialización de inversión, facilitando procesos y acortando plazos”, sostuvo Daniel Llorente, Presidente de Corproa.
ESTALLIDO SOCIAL Y CRISIS SANITARIA
El informe de Corproa, señala que cuando comenzó el estallido social, la cantidad de desocupados superó las 15 mil personas y la tasa de desocupación rozó el 10%, valores históricos para ese período. En cuanto al trimestre enero – marzo de 2020, el cual presenta los primeros indicios de los efectos de la pandemia, se agrega una notable caída de la tasa de ocupación regional, lo que implica que pese a existir una cantidad menor de personas activas en la fuerza de trabajo, la población no logra ocuparse.
IMPULSO A LA INVERSIÓN
El estudio sugiere que el impulso a la inversión es más necesario que nunca en Atacama. Por ejemplo, los proyectos que a la fecha están en etapa de calificación pueden generar más de 5 mil puestos de trabajo en sus etapas de construcción y más de 3 mil en las de operación.
Pese a ser evidente el beneficio de estas inversiones y la resolución del Sistema de Evaluación Ambiental tiene carácter de transitorio, la duración de esta última podría llegar a extenderse por varios meses e incluso años. Esto implicaría modificar los planes y calendarios de inversión de las empresas o, en algunos casos, a desistir de ellos.
La suspensión de procesos -como la consulta ciudadana- ha resultado en que US$ 10.500 millones en inversión se encuentren paralizados en el Sistema de Evaluación Ambiental, cuatro proyectos mineros en Atacama y 24 obras de energía renovable no convencionales están en esta condición, según la propia entidad.
Esto ha implicado que diversos actores propongan como alternativa la implementación de instrumentos de comunicación remota y combinaciones de participación presencial y online para dar continuidad a los proyectos en evaluación.
