Juan José Ronsecco, Presidente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama criticó la postura del Gobierno frente al rechazo del proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros, señalando que “en la decisión del comité de Ministros primó una decisión política versus una evaluación técnica, sin ser capaces de llevar un proyecto de inversión que mejoraría la calidad de vida de la comuna de la Higuera y las comunidades vecinas”.
En cuanto al impacto económico que trae la negativa a Dominga, el directivo agregó que el:“Haberle dicho que no a Dominga fue cerrarle la puerta a la creación de aproximadamente 30 mil puestos de trabajo para el Norte Chico y el Fisco perdió la posibilidad de recaudar más de US$500 millones en impuestos, lo que corresponde a casi 6 veces el presupuesto Fondo Nacional de Desarrollo Regional con el que contó Atacama en el año 2022”. La inversión estimada para este proyecto corresponde a más de US$2.500 millones.
Respecto al plan de apoyo anunciado por el Gobierno destinado para distintas comunas rezagadas de Coquimbo, dentro de ellas la principal afectada con el rechazo del proyecto minero, La Higuera, el Ministro de Economía, Nicolás Grau señaló que las medidas se van a desarrollar en un plazo de ocho años en la zona de Quilimarí y otras comunas. El plan considera el desembolso de $580 mil millones en un plazo de ocho años, contemplando cobertura de servicios básicos, conectividad, caletas, infraestructura para el agua rural. Este anuncio también trajo reacciones para el líder de Corproa, quien manifestó que “esto no soluciona el verdadero problema que vive la Región de Coquimbo y sus vecinos, ya que se necesita la generación de puestos de trabajo permanentes y movimiento del comercio local, situación que al parecer no logran comprender a nivel central de nuestro país, quienes están pendientes de bajar el impacto de la opinión pública, cumplir con promesas de campaña y subir en las encuestas.
Finalmente, Ronsecco se pronunció respecto al rol que debiesen cumplir las autoridades, argumentando que “no basta con decirle que no a los proyectos y dejarlo así como así, el Gobierno debe tener la capacidad de articular proyectos en colaboración con los privados, siempre bajo el concepto de sustentabilidad, destrabando los impactos y conduciéndolos a un trabajo amigable con el medio ambiente, sin ponerse en una posición negativa o rupturista a la inversión”.
