La Comunidad Colla Pai Ote presentó ante la Fiscalía Metropolitana, una denuncia criminal ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables, particularmente los ministros que integran el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, por los delitos de usurpación de funciones públicas y prevaricación administrativa.
Los ministros denunciados son: Maisa Rojas Corradi, Ministra del Medio Ambiente y Presidenta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático; María Ignacia Fernández Gatica, Ministro de Agricultura; Mario Marcel Cullell, Ministro de Hacienda; Ximena Aguilera Sanhueza, Ministra de Salud; Álvaro García Hurtado, Bi Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía; Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas; Carlos Montes Cisternas, Ministro de Vivienda y Urbanismo; Juan Carlos Muñoz Abogabir, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Aurora Williams Baussa, Ministra de Minería; Javiera Toro Cáceres, Ministra de Desarrollo Social y Familia; Nicolás Cataldo Astorga, Ministro de Educación; y Aldo Valle Acevedo, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
La denuncia se funda en la propuesta impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile para crear un nuevo Parque Nacional en el denominado corredor biológico ubicado entre el Salar de Maricunga, la Laguna Santa Rosa y la Laguna del Negro Francisco, zonas vinculadas ecológicamente al Parque Nacional Nevado Tres Cruces.
Según la comunidad colla, esta iniciativa constituye un fraude a la ley, ya que busca evitar la aplicación de la Ley 21.600, cuyo artículo 66 señala expresamente: “La modificación de los límites de los parques nacionales deberá efectuarse mediante ley.”
La Presidenta de la comunidad colla Ercilia Araya Altamirano, afirmó: “Aquí lo que se está intentando es un fraude a la ley. En vez de ampliar el parque existente mediante una ley del Congreso, el gobierno pretende crear un parque nuevo, al lado del anterior, por decreto para evadir al Congreso Nacional y, pretenden además votarlo esta semana en el Consejo de Ministros”.
GOLPE INSTITUCIONAL
La dirigente fue enfática en cuestionar el mecanismo utilizado por el Ejecutivo: “Esto es una evasión del Congreso. Es un golpe institucional blando, porque se están saltando al Poder Legislativo para imponer una decisión administrativa que la ley reserva expresamente al Congreso.”
También agregó que: “No se puede defender la naturaleza violando la ley. La ley ambiental que ellos mismos aprobaron exige que los límites de los parques nacionales se modifiquen sólo por el Congreso Nacional. Durante todo el proceso, hemos denunciado sucesivas ilegalidades por parte del Ministerio de Medio Ambiente, primero, incluyendo comunidades no territoriales en la consulta indígena para este parque, y ahora, evadiendo al congreso nacional mediante triquiñuelas legales y resquicios inconstitucionales. Nosotros efectivamente habitamos ese territorio, y con la declaración de este parque se nos prohibirán la transhumancia con animales, la recolección de hierbas medicinales, e inclusive la celebración de ceremonias. Si lo hacen, que sea de acuerdo a la ley, sin vulnerar nuestros derechos, sin evadir al congreso, y sin quebrantar la Constitución”.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Asimismo, la presidenta de la comunidad colla señaló responsabilidades políticas: “La principal responsabilidad recae en la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien lamentablemente están arrastrando a todo el Consejo de Ministros a una ilegalidad manifiesta, que a esta altura tipifica dos delitos”
La dirigenta agregó: “Lamentamos que al final del gobierno del Presidente Gabriel Boric se estén intentando hacer amarres administrativos de esta naturaleza, absolutamente inconstitucionales, que vulneran la autonomía territorial de las comunidades que realmente habitan el actual parque y sus territorios adyacentes.”
DOS DELITOS DEL CÓDICO PENAL
El asesor de la comunidad, Ariel León Bacian, explicó que la denuncia invoca dos delitos del Código Penal: “Los delitos de usurpación de funciones públicas del artículo 213 y de prevaricación administrativa del artículo 228, ambos del Código Penal, que son delitos autónomos. La usurpación se produce cuando se invaden atribuciones del Congreso, y la prevaricación cuando una autoridad dicta una resolución manifiestamente contraria a la ley.”
Agregó además: “La responsabilidad penal es personal. Por eso esta denuncia está dirigida contra las personas de los actuales ministros que integran el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.”
Finalmente precisó: “Cuando los ministros dejen sus cargos, esta denuncia los seguirá persiguiendo personalmente si se acreditan y concretan los delitos. No se trasladará a los ministros del próximo gobierno, salvo que cometan la misma ilegalidad.”
