La Comunidad Indígena Colla Pai Ote encendió las alarmas y levantó una denuncia directa contra el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, porque a juicio de ellos, el Gobierno estaría intentando aprobar el Parque Nacional Maricunga mientras existe un juicio pendiente en la Corte Suprema, lo que —según la comunidad— sería ilegal, arbitrario y una pasada de máquina al Estado de Derecho; pero también denuncia a comunidades sin presencia territorial y que denominan de “fantasmas”; ya que intentan aprovecharse de su condición.
“No pueden poner el candado al territorio mientras la Corte Suprema todavía está decidiendo si la consulta indígena fue legal o no. Eso es como dictar sentencia antes del juicio”, señaló la presidenta de la comunidad, Ercilia Araya, en un escrito formal enviado a la Ministra del sector, María Heloísa Rojas Corradi.
La molestia no es menor. El Consejo de Ministros tiene agendada una sesión clave el 12 de febrero, donde podría aprobar el parque, pese a que está en trámite el recurso Rol N° 2303-2026 ante el máximo tribunal del país. Para Pai Ote, avanzar ahora sería “clavar una lápida administrativa sobre nuestra cultura viva”.
COMUNIDADES FANTASMAS Y CONSULTA INDÍGENA CUESTIONA
Uno de los puntos más duros de la denuncia apunta a la incorporación de comunidades indígenas sin presencia real en el territorio, lo que la comunidad colla califica derechamente como “comunidades de papel”.
Para demostrarlo, Pai Ote solicitó información oficial a distintos servicios del Estado. El resultado fue lapidario, puesto que el Servicio Agrícola y ganadero, informó de registros de ganadería o trashumancia; el Indap, ningún programa productivo ni actividad territorial; la Dirección General de Agua, reportó ninguna solicitud de derechos de agua; en Bienes Nacionales, ninguna concesión ni ocupación fiscal y en la Corporación Nacional Forestal, reconoce que el conocimiento ancestral del territorio pertenece a comunidades collas altoandinas históricas, no a las organizaciones urbanas incorporadas en la consulta.
“Dicen que tienen territorio, pero no tienen animales, no tienen agua, no tienen tierra, no tienen memoria del lugar. ¿De qué ancestralidad estamos hablando?”, cuestionan desde la comunidad.
ESPITITUALIDAD BAJO PERMISO Y FUEGO SAGRADO PROHIBIDO
La denuncia va más allá de lo administrativo. Según Pai Ote, la creación del Parque Maricunga criminaliza prácticas ancestrales esenciales, como la trashumancia, la recolección de hierbas medicinales y ceremonias religiosas que incluyen el uso del fuego sagrado.
“Nuestra espiritualidad no es turismo ni espectáculo, no puede depender del permiso de un funcionario”, afirman. Para la comunidad, someter sus rituales a autorizaciones burocráticas vulnera la libertad religiosa y tratados internacionales de derechos humanos.
GOBIERNO PROGRESISTA,PRÁCTICAS AUTORITARIAS
Pai Ote acusa una contradicción profunda entre el discurso de derechos humanos del Gobierno y su actuar en Maricunga. “Dicen respetar a los pueblos indígenas, pero avanzan como si la Corte Suprema no existiera. Eso no es progresismo, es autoritarismo administrativo”, sostienen.
La comunidad advierte que, si el proceso sigue adelante, acudirá a instancias internacionales. “No nos van a borrar por decreto”, recalcan.
LO QUE EXIGE LA COMUNIDAD COLLA
La comunidad Colla, señala Ercilia Araya solicita: Suspender inmediatamente el procedimiento de ampliación del Parque Nacional Maricunga; No aprobar ninguna decisión mientras el juicio esté pendiente en la Corte Suprema; Dejar constancia formal de la oposición de la comunidad informar cuándo y cómo esta presentación será vista por el Consejo de Ministros.
“Esto no es estar contra la naturaleza. Es estar contra que se use la conservación como excusa para borrar a quienes han cuidado el territorio por generaciones”, concluye Ercilia Araya.
