Por Eduardo Alegría Olivares, Director Revista Minera Crisol:Pandora Papers, que en los últimos días ha dejado una ola de damnificados y personajes de diverso ámbito, en entredicho por su participación mayor o menor en acuerdos off shore, que nos recuerdan una vez más la delgada línea entre lo legal y lo cuestionable.
Esta vez fue el turno que nuevamente deja en el ojo del huracán al proyecto minero y portuario Dominga, de Andes Iron, con una inversión de más de US$ 2.500 millones en una de las comunas más empobrecidas del país como es La Higuera, en la Región de Coquimbo.
No ha sido ahora la parte medioambiental la que se tomó la agenda noticiosa del país, sino una investigación periodística realizada a los llamados paraísos fiscales por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quienes dejaron al descubierto la millonaria compraventa que habría concretado la familia Piñera -Morel dejando entredicho la participación del Presidente Sebastián Piñera, que en ese tiempo y, al igual que hoy, con envestidura de Primer Mandatario de la Nación.
Durante la última década, de todo ha pasado bajo el puente en el cuestionado proyecto, desde acusaciones medioambientales, laborales, judiciales, sociales, económicas y, políticas; más aún y con mayor rigor en víspera de elecciones presidenciales, donde todos de una u otra forma intentan llevar aguas a sus molinos y, a como de lugar: “caiga quien caiga”.
Y todo esto porque el conflicto de intereses es enorme, a pesar de anteriores fallos de tribunales del país, el que también ha sido fuertemente criticado por la ineficacia de la fiscalía y ha salido a colación incluso la relación de parentesco entre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott Charme y el empresario chileno dueño de Andes Iron y amigo de infancia de Piñera, Carlos Alberto Délano.
Dominga, que ha sido apoyado por algunos sectores y organizaciones comunitarias de la zona porque será la principal generadora de empleos y encadenamientos productivos por más de un cuarto de siglo; desde sus inicios también ha centrado fuertes detractores medioambientales, quienes hoy más que nunca se ven fortalecidos al contar con una gran oposición política y la que no esperaban para consolidar sus postura de rechazo y, entre ellos están los candidatos a la Presidencia, la qué como era de suponer, no se desentenderían del tema.
Hace aproximadamente dos meses, Dominga fue aprobado por la Comisión Medioambiental de Coquimbo y, a pesar de todo, aún está en etapa de evaluación porque
tiene pendiente demandas judiciales y que el tribunal debe resolver más temprano que tarde. Por lo tanto, aún no hay ni vencedores ni vencidos, pero Pandora Papers puso un condimento especial por tratarse de negocios vinculados al Presidente de la República y, los opositores ya lo califican como la gran derrota política de Piñera y por ende, el gran perdedor sería el candidato presidencial Sebastián Sichel, ex Ministro de Desarrollo Social y ex Presidente de BancoEstado en el actual gobierno.
Lo que hoy está sobre la mesa son dos temas: determinar si existe o no un conflicto de intereses y, políticamente la presentación de una Denuncia Constitucional a pesar de los contados días que le queda a Piñera como gobernante.
No obstante por ahora, los pingüinos de Humbolt, los chungungos, ballenas, biodiversidad y ecosistema y diversas especies marinas, flora y fauna del sector, ya no son el principal motivo para detener Dominga, sino esta relación entre política y negocios; más aún, porque hasta el 2010 y cuando el Mandatario no alcanzaba a cumplir un año en el poder, éste era el mayor, accionista. Carlos Délano compró a los socios la participación de Dominga, en pago de tres cuotas, en US$ 152 millones, pero además, parte de esa operación comercial se hizo en las islas Vírgenes Británicas, reconocidas como para eludir pago de impuestos en el país de origen, como ocurría en este caso, lavado de dinero y otros.
No obstante, este contrato no tenía “letra chica”, sino más bien grande, porque se indica que el pago de la última cuota, por US$ 9,9 millones, depende del hecho de que no se establezca una “zona de protección ambiental” que no obstaculice la construcción y posterior operación de la mina. Esa implementación, dependía del gobierno de Piñera, quien en el mismo sector canceló durante su primer período Presidencial, la construcción de la Termoeléctrica Barrancones, ubicada en el sector costero de La Higuera.
Iron Andes no ha emitido declaración alguna sobre la investigación de Pandora Papers, pero si lo hizo desde La Moneda y blindado por su Ministerio, el Presidente Piñera, quien como era de suponer alegó su inocencia hasta que la justicia no diga lo contrario, calificando los hechos de inaceptables y sosteniendo permanentemente, frente a la prensa, que todo lo publicado y dicho no es nuevo, porque todo está contenido en el proceso judicial que fue cerrado en el 2017 y, como también era de suponer, que él no tiene conflictos de intereses con el proyecto Dominga y esto, porque la transacción comercial se hizo bajo el fideicomiso ciego: por lo tanto no fue consultado y menos informado; descartando además que él o algún miembro de su familia tiene sociedades de inversión constituidas en el extranjero.
Serán los tribunales quienes finalmente lo determinen. Es cosa de tiempo.
Por ahora y frente a la luz de los hechos, este proyecto Dominga continuará dando que hablar, porque desde una férrea oposición medioambiental, pasó de plano al político; por lo tanto, su futuro es aún más incierto, aunque los tribunales inclinen la balanza a su favor; porque su continuidad no sólo dependerá de ellos o de un futuro Comité de Ministros, sino también, de quien sea el próximo Presidente de la República y eso, aún está por verse.
Por ahora, se comienza a escribir una nueva historia, cuyo desenlace supera todos los puntos suspensivos…
