La Comunidad Indígena Colla Pai Ote, en la Región de Atacama, dio un paso inédito en el plano internacional al presentar una denuncia formal ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, órgano dependiente de la Cepal, acusando al Estado de Chile, representados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático -en particular a la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y a la Seremi de Medio Ambiente de Atacama, Natalia Penroz- por vulnerar gravemente el tratado internacional que protege el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.
La denuncia, que lleva la firma de la presidenta de la comunidad Ercilia Araya Altamirano, se refiere a la consulta indígena realizada para la creación del Parque Nacional Maricunga, proceso que, según la comunidad, fue cerrado anticipadamente, excluyendo a las legítimas comunidades territoriales y, sosteniéndose con una comunidad sin vínculo real con el territorio.
Ercilia Araya Altamirano, Presidenta de la Comunidad colla Pai Ote
“Hicieron una consulta, pero sin nosotros. La cerraron a la rápida y ahora la quieren usar para justificar una decisión que va a cambiar nuestro territorio para siempre”, señala Ercilia Araya.
“UNA CONSULTA ROBADA”
Según el escrito presentado ante el Comité de Escazú, la consulta indígena no fue ni libre, ni previa, ni informada, como exigen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los estándares internacionales.
De acuerdo a los antecedentes, solo la Comunidad Colla Finca del Chañar logró acuerdos con la autoridad, mientras que las comunidades indígenas territoriales, entre ellas Pai Ote, ni siquiera alcanzaron a llegar a la etapa de diálogo.
El cierre del proceso quedó formalizado el 9 de Febrero de 2026, mediante la Resolución Exenta N° 718, dictada por el Ministerio del Medio Ambiente, pese a que existían solicitudes formales de suspensión y un litigio pendiente ante la Corte Suprema.
“Esto no fue una consulta fallida; sino una consulta dirigida. Se cerró cuando las comunidades que sí vivimos el territorio empezamos a cuestionarla”, acusan desde Pai Ote.
La dirigente, reclama que “este es un intento por consolidar el pretendido monopolio del Consejo colla, el cual pretende ingresar a estos territorios de los salares del litio y representarnos pese a nuestro rechazo. Por ley cada comunidad es autónoma, y lo hemos dicho hasta el cansancio: el Consejo colla no nos representa, es una organización funcional, cuando fue la licitación del litio del ex Presidente Piñera no demandaron, nosotros sí lo hicimos. Hemos demandado defendiendo nuestros derechos, mientras el Consejo colla y sus comunidades callaban. Ahora les nace el protagonismo cuando hay posibles beneficios futuros por participar de las consultas. Esta es la participación que protege Maisa Rojas y la Seremi de Atacama Natalia Penroz. Son ellas quienes se están haciendo cómplice de sus ilegalidades a todo el Consejo de Ministros”.
TEMEN AGRESIÓN
Señala que el actual escenario “es propicio para la impunidad ante cualquier agresión que podamos sufrir. El gobierno es responsable de nuestra integridad física, y ninguno de los miembros de las comunidades territoriales queremos morir o sufrir un accidente. Aquí hay muchos intereses envueltos, más allá de un mero parque, y son intereses que impone el mismo Estado. También pedimos a Escazú protección, pues tenemos fundado temor de sufrir algún tipo de agresión o que alguno de los dirigentes territoriales pueda desaparecer, o aparecer muerto en extrañas circunstancias”, señaló Ercilia Araya.
EL TERRITORIO QUE ESTÁ EN JUEGO
Según ellos, el conflicto no es menor. “El Salar de Maricunga, la Laguna del Negro Francisco, las rutas de trashumancia, vegas, bofedales y espacios ceremoniales no son solo paisaje: son la base material y espiritual del pueblo colla altoandino. La creación de un parque nacional no es una medida neutra. Implica restricciones severas, permisos, prohibiciones y eventualmente criminalización de prácticas ancestrales, como la trashumancia, el uso de yerbas medicinales o las ceremonias religiosas.No estamos en contra de proteger la naturaleza. Pero proteger no puede significar borrar a quienes han cuidado este territorio por generaciones”, enfatizan.
OMITIERON CONSENTIMIENTO INDÍGENA
Uno de los puntos más duros de la denuncia es que el Estado se conformó con una consulta, cuando —por el impacto de la medida— debió haber obtenido consentimiento indígena.
La comunidad cita directamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular el caso Saramaka vs. Surinam, donde se establece que cuando una decisión estatal pone en riesgo la supervivencia cultural de un pueblo indígena, no basta con consultar: se requiere consentimiento libre, previo e informado.
“Un parque nacional sobre territorio ancestral no es un trámite administrativo más. Es una decisión que puede hacernos desaparecer como pueblo”, advierte la presentación enviada a Escazú.
ESCAZÚ EN ENTREDICHO
La denuncia sostiene que el Estado chileno vulneró cuatro artículos clave del Tratado de Escazú:
- Artículo 7, al negar una participación real y efectiva;
- Artículo 8, al avanzar mientras la legalidad del proceso estaba siendo revisada por la justicia;
- Artículo 6, al no transparentar ni considerar información esencial sobre la territorialidad;
- Artículo 9, al generar un contexto de presión y hostigamiento institucional contra comunidades defensoras del territorio.
Todo esto ocurre mientras el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático fue convocado para el 13 de Febrero, con el fin de votar la creación del Parque Nacional Maricunga, usando como base la consulta cuestionada.
“Si ese consejo aprueba el parque, el daño ya no será hipotético: será irreversible”, alertan.
UN LLAMADO INTERNACIONAL
Con esta presentación, la Comunidad Colla Pai Ote busca que el Comité de Escazú examine el caso, lo incorpore en el seguimiento internacional del cumplimiento del tratado y emita recomendaciones al Estado de Chile.
El mensaje es claro: no se puede proteger el medio ambiente vulnerando derechos humanos, y menos aún silenciando a los pueblos indígenas en decisiones que afectan su existencia misma.
“Escazú se firmó para evitar exactamente esto. Hoy le estamos pidiendo a la comunidad internacional que mire lo que está pasando en Maricunga”, concluye Ercilia Araya.
HABLA EL ASESOR
El asesor de la Comunidad Pai Ote, Ariel Leon Bacian, señala que “el cierre inoportuno e intempestivo de la consulta Indígena para el Parque Maricunga es un amarre ilegal que vulnera derechos indígenas. Nos quieren imponer un parque, con el prejuicio de que lo tenemos que aceptar, sí o sí, porque cuidamos el medio ambiente, como si nosotros hubiésemos generado la crisis climática, y tengamos la obligación de sacrificar nuestra forma de vida y costumbres. Sospechamos que la ampliación de este parque no es para cuidar el medio ambiente, sino que para resguardar los intereses empresariales del litio que benefician a SQM. Lo han hecho tan mal, permitiendo la participación de comunidades no territoriales, y posteriormente cerrando la consulta Indígena, que dudamos que el fin del gobierno sea altruista. La señora Maisa Rojas nos puede tratar de ignorantes, pero nosotros sabemos la verdad, sabemos los intereses de este gobierno, y no estamos dispuestos a ser manipulados por falsa ciencia, por intereses políticos, y menos por intereses empresariales disfrazados de argumentos técnicos. Por último respeten nuestros derechos”
