La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de royalty minero impulsado por el Ejecutivo, el cual establece un impuesto específico a las grandes empresas y que va en beneficio de las regiones mineras.
El proyecto del royalty fue visado en su tercer trámite constitucional tras conseguir 101 votos a favor y 24 en contra, consiguiendo también un amplio respaldo en las normas en las que se solicitó que se discutieran por separado.
El proyecto de ley busca modificar los impuestos que pagan las grandes empresas estableciendo una carga tributaria potencial máxima. Asimismo, la medida establece una carga tributaria potencial máxima diferenciada de acuerdo al nivel de producción de cada gran empresa de la minería.
Originalmente el Gobierno se abrió a rebajar desde 50% a 48%, mientras que desde la industria esperaban 43 o 44%, pero finalmente se mermo al tope de 46,5% para aquellas compañías que produzcan más de 80 mil toneladas métricas de cobre fino y de 45,4% para aquellas entre 50 y 80 mil toneladas.
Los 390 mil millones de pesos que se recaudarán por este nuevo impuesto al sector, serán distribuidos a los gobiernos regionales y municipios en fondos que tienen distintos propósito para ir en ayuda de las regiones históricamente postergadas por el centralismo y que son las que producen la riqueza. Los fondos establecidos son: Regional para la Productividad y el Desarrollo, de Apoyo para la Equidad Territorial y el Fondo Común Municipal
