* Corproa: Es enorme el perjuicio que la re-judicialización tiene sobre los proyectos de inversión, que amenaza con estrangular el encadenamiento productivo de proveedores locales y las oportunidades de desarrollo para las comunidades de Atacama”.
La compañía Barrick Chile, se pronunció sobre la resolución del Segundo Tribunal Ambiental, que paralizó el proyecto “Prospección de Minera El Alto” en la comuna de Alto del Carmen provincia de Huasco en la Región de Atacama.
Esta señala que: “La Prospección minera El Alto obtuvo la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama (Coeva) En enero de 2026, tras un proceso de evaluación realizado conforme a la normativa ambiental vigente. Luego de ello ha sido revisada por distintas vías judiciales y administrativas que hasta ahora habían confirmado la vigencia y los efectos de la mencionada Resolución de Calificación Ambiental que aprobó la Prospección Minera El Alto”.
Explican que durante el proceso de evaluación mantuvieron un diálogo con cientos de vecinos y dirigentes sociales, quienes mayoritariamente expresaron su respaldo a iniciativas que contribuyan al desarrollo de largo plazo del territorio. “En ese sentido, puntualiza la compañía, Barrick considera que existen antecedentes técnicos y jurídicos que justifican reconsiderar la resolución que acoge por un período de 30 días la medida cautelar”.
Añaden que: “Si bien, El Alto se ubica en el yacimiento y concesiones mineras de Pascua que hoy se encuentran en proceso de cierre, se trata de una campaña de sondajes que no interfiere con dicho proceso, cuenta con instalaciones de campamento y fuentes de abastecimiento de agua propias, y no utiliza infraestructura de dicho proyecto en cierre, en cumplimiento con lo establecido por la Corte Suprema. Por esto, la compañía reafirma que continuará con el cumplimiento de las obligaciones asociadas al proceso de cierre de Pascua Lama, conforme a la normativa vigente y el mandato de la Corte Suprema”.
Terminan diciendo que “Barrick mantiene su compromiso de evaluar alternativas de inversión futura que contribuyan al desarrollo de largo plazo del territorio”.
CORPROA:SISTEMA INSTITUCIONAL QUEBRADO
La Corporación para el Desarrollo de Atacama, Corproa, a través de una declaración pública, se pronunció sobre la determinación de suspender el proyecto Prospección de Minera El Alto, calificándola como “La certeza jurídica en vilo: El costo de la re-judicialización”.
Ésta señala que observan cómo el legítimo derecho a la protección ambiental ha mutado hacia un mecanismo de paralización sistemática que asfixia la inversión regional. “Lo ocurrido recientemente con el proyecto de prospección El Alto, de Barrick, excede el análisis de un caso particular: es la radiografía de un sistema institucional quebrado. Hoy, el enorme perjuicio que la re-judicialización tiene sobre los proyectos de inversión, amenaza con estrangular el encadenamiento productivo de nuestros proveedores locales y las oportunidades de desarrollo para las comunidades de Atacama y de las regiones mineras”.
Añade que “El expediente de El Alto ilustra un muro judicial y un estigma que la compañía ha debido sortear durante años, intentando dejar atrás los asumidos errores del pasado. Sin embargo, en el tablero jurídico chileno, la Resolución de Calificación Ambiental –un proceso riguroso, exigente y normado– ya no es el final, sino el punto de partida para la judicialización que el propio sistema permite para demorar proyectos que, técnicamente, cumplieron con todos los requisitos solicitados. Las resoluciones técnicas aprobadas por todos los actores convocados para ello ya no pueden considerarse garantía en el sistema ambiental-judicial chileno”.
Expresan que “Desde Corproa manifestamos nuestro malestar ante un escenario que no otorga certezas a ninguno de los actores. La judicialización de proyectos ya aprobados no solo castiga los balances de las compañías titulares, su impacto más severo se ejerce sobre la economía local. Cada sondaje detenido, cada Rca aprobada e impugnada, significa menos contratos para las pymes, menos empleos para la región y una Provincia de Huasco golpeada por la cesantía. Menos recursos para el desarrollo social de Atacama y el país”.
Finalmente, señalan que: “La protección de nuestro patrimonio natural es un imperativo innegociable, pero no puede construirse sobre la base de la inseguridad jurídica ni la desconfianza permanente en los órganos técnicos. Exigimos que el Estado garantice un arbitraje oportuno, restituyendo el valor de las resoluciones ambientales. Sin reglas claras que respeten los procesos debidamente cumplidos, el futuro de Atacama y de otras regiones quedará congelado en tribunales”.
