Como una señal preocupante para la certeza jurídica de futuras inversiones y la continuidad de proyectos estratégicos para la Región de Tarapacá y Chile, se manifestaron, una vez conocida la noticia, el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería, la Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal y, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, frente al fallo emitido por el Segundo Tribunal Ambiental, que dejó parcialmente sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental favorable obtenida en Diciembre del 2021 por Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi para su proyecto: “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”.
CONSEJO MINERO
Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero, señaló que ven con preocupación el mencionado fallo. “No sólo por sus efectos sobre un proyecto en particular, sino por la señal que entrega respecto de la certeza jurídica y la estabilidad del sistema de permisos en Chile. Estamos hablando de un proyecto aprobado hace cinco años, con más de US$ 3200 millones invertido y prácticamente terminado, que hoy vuelve a enfrentar incertidumbre regulatoria”.
Agregó que el fallo reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades que tiene el país para desarrollar proyectos estratégicos. “Nos parece contradictorio que, mientras existe un consenso transversal sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y destrabar inversiones, se produzcan fallos que reabren incertidumbres sobre permisos ya otorgados por el Estado.”
Enfatizó Villarino que “El fantasma de la permisología y de la falta de certeza jurídica siguen presente y eso genera preocupación en cualquier sector que evalúe invertir en proyectos de largo plazo en Chile”.
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE IQUIQUE
A través de una declaración pública, la Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal, señala que lo que hoy el país enfrenta, es el impacto sobre la inversión estratégica que la Región de Tarapacá requiere: “La preocupación es aún mayor si se considera la relevancia de Collahuasi para la economía regional y nacional. Su operación genera casi 7 mil empleos directos e indirectos, además de los casi 18 mil empleos de toda la cadena de valor asociada, sumada a la contratación de proveedores locales, encadenamientos productivos, contribución fiscal y dinamismo económico en Tarapacá. Por tanto, este fallo no afecta únicamente la planificación de una compañía, sino también al todo el ecosistema productivo regional, el cual depende de condiciones estables para poder proyectar inversión, empleo y desarrollo”.
Añaden que Tarapacá es una región extrema, minera, logística, energética e industrial. “Su competitividad depende de que existan reglas claras y decisiones institucionales coherentes, especialmente en proyectos que son claves para el desarrollo sostenible del territorio y para la posición de Chile en industrias estratégicas”.
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA
Jorge Riesco, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería dijo que “La decisión judicial ordena retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental, paralizando un proceso técnico que ya había sido ratificado por el Comité de Ministros en Agosto de 2023, lo cual introduce un complejo factor de incertidumbre para el desarrollo productivo nacional”.
Advirtió que este tipo de resoluciones “envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo. Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”.
El timonel agregó que el fallo del Segundo Tribunal Ambiental “reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización. Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”.
APRIMIN
Ari Bermann, Presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, indicó que el fallo no solo golpea a una compañía, sino que pone en riesgo la estabilidad de todo el ecosistema de proveedores. “Vemos con inquietud cualquier situación que genere incertidumbre regulatoria en proyectos estratégicos para el país, especialmente cuando estos ya presentan un alto nivel de avance. Es fundamental comprender que este tipo de resoluciones tienen un impacto en cadena: no solo afectan al titular del proyecto, sino que golpean directamente a miles de trabajadores, empresas de servicios especializados y a una red de proveedores que planificamos nuestras inversiones y operaciones con horizontes de largo plazo”.
“En Aprimin, resaltó Bermann, estamos convencidos de que la minería debe cumplir con los más altos estándares ambientales y una participación comunitaria efectiva; eso no está en discusión. Sin embargo, para que nosotros, los proveedores, podamos seguir invirtiendo, innovando y generando empleo, necesitamos reglas claras, plazos razonables y decisiones consistentes que nos entreguen certezas”.
Concluyó diciendo que: “Como país, no podemos permitirnos contraponer la sostenibilidad con la inversión. Nuestra postura es clara: Chile no debe elegir entre una u otra. Debemos ser capaces de asegurar ambas dimensiones con una institucionalidad moderna, predecible y eficiente, que valore y proteja el rol estratégico de los proveedores en el desarrollo nacional”.
