Por Gastón Fernández Montero, abogado y empresario minero.- La reciente designación de un Biministro para las carteras de Economía y Minería ha generado una profunda inquietud en el sector minero nacional. Como abogado y empresario vinculado desde hace décadas al quehacer extractivo, no puedo sino expresar mi preocupación ante una decisión que, lejos de fortalecer la institucionalidad minera, la debilita al diluir su especificidad en un esquema de gestión compartida que ya ha demostrado ser ineficaz y, en algunos casos, abiertamente lesivo para el interés nacional.
La experiencia reciente del ex Ministro Juan Carlos Jobet, quien encabezó simultáneamente los ministerios de Energía y Minería durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, constituye un antecedente elocuente. Durante su gestión, se introdujeron modificaciones sustantivas al esquema jurídico y administrativo del sector minero sin consulta previa al Congreso ni a los actores del rubro. Estas decisiones, adoptadas de manera unilateral, no solo vulneraron principios constitucionales como la legalidad y la participación, sino que también generaron un clima de incertidumbre regulatoria que afectó la inversión, la planificación y la confianza en las instituciones.
El caso Jobet no es un episodio aislado, sino una advertencia. La fusión de carteras con lógicas y prioridades distintas —como lo son Economía y Minería— tiende a subordinar la política minera a criterios macroeconómicos de corto plazo, desatendiendo su dimensión estratégica, territorial y patrimonial. La minería no es una mera actividad económica: es un eje estructurante del desarrollo nacional, con implicancias ambientales, sociales y culturales que exigen una conducción especializada, autónoma y con visión de largo plazo.
El gremio minero ha manifestado reiteradamente su disposición a colaborar con las autoridades en la construcción de una política pública robusta, transparente y participativa. Pero esa colaboración requiere un interlocutor legítimo, con conocimiento técnico, experiencia sectorial y dedicación exclusiva. La figura del Biministro, lejos de representar una solución, reabre heridas recientes y amenaza con repetir errores que el país no puede volver a permitirse.
Por ello, hago un llamado respetuoso pero firme al Ejecutivo: escuche la voz de los territorios, de los trabajadores, de las comunidades y de quienes hemos dedicado nuestra vida a esta actividad.
La minería chilena merece una institucionalidad a su altura, no un experimento administrativo que ya fracasó. La historia reciente nos ofrece lecciones claras. Honrémoslas con responsabilidad y visión de futuro.
