Por: Gastón Fernández Montero, abogado y Gestor Patrimonial.- En el siglo XXI, el debate sobre la soberanía de los recursos naturales ha dejado de ser una consigna ideológica para convertirse en una cuestión estratégica.
La transición energética, la digitalización global y la creciente demanda por minerales críticos han revalorizado el rol de los países productores. En este contexto, la política de prohibición de exportar concentrados minerales —es decir, minerales parcialmente procesados— emerge como una herramienta de desarrollo y justicia patrimonial. Indonesia y Chile ofrecen dos casos paradigmáticos, con trayectorias divergentes pero complementarias.
INDONESIA: DEL EXTRACTIVISMO A
LA INDUSTRIALIZACIÓN FOZADA
Indonesia, primer productor mundial de níquel, implementó desde 2014 una política de prohibición progresiva de exportaciones de minerales en bruto. En 2020, extendió esta medida al níquel de baja ley, obligando a las empresas a procesarlo localmente. El año 2026, anunció una reducción del 34% en las cuotas de producción de mineral, reforzando su apuesta por el valor agregado nacional.
Esta política ha tenido efectos notables:
- Atrajo inversiones en fundiciones y plantas de baterías, especialmente de empresas chinas y coreanas.
- Elevó el precio internacional del níquel, al restringir la oferta global.
- Generó tensiones con la Unión Europea, que demandó a Indonesia ante la Omc por restringir el comercio de materias primas estratégicas.
Más allá de los litigios, Indonesia ha logrado transformar su rol en la cadena de suministro global: de simple exportador a actor industrial. Su apuesta por la prohibición de exportar concentrados no es un capricho proteccionista, sino una estrategia de desarrollo soberano.
CHILE: ENTRE LA RENTA MINERA Y
LA OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN
Chile, en cambio, ha mantenido una política ambigua respecto a la exportación de concentrados. En el caso del cobre, más del 50% de la producción se exporta como concentrado, sin fundición ni refinación local. En el litio, si bien existen contratos que exigen valor agregado, no se ha establecido una prohibición general de exportación de concentrados o sales.
Esta situación plantea interrogantes:
- ¿Puede Chile seguir siendo un mero proveedor de materias primas en un mundo que exige cadenas de suministro más cortas, trazables y sostenibles?
- ¿Qué rol cumple el Estado en la promoción de fundiciones, plantas de cátodos o fábricas de baterías?
- ¿Cómo se articula esta política con la justicia patrimonial hacia los territorios productores, muchas veces postergados?
La experiencia indonesia ofrece una lección: la prohibición de exportar concentrados puede ser una palanca para la industrialización, siempre que se acompañe de inversión, planificación y diálogo social.
Una mirada jurídica y patrimonial
Desde el punto de vista jurídico, la prohibición de exportar concentrados no vulnera per se el derecho internacional, siempre que se funde en razones legítimas de desarrollo, medio ambiente o interés público. La OMC permite excepciones al libre comercio cuando se trata de preservar recursos naturales no renovables o promover el desarrollo industrial.
Desde una perspectiva patrimonial, esta política puede ser vista como un acto de justicia intergeneracional: transformar la riqueza mineral en capacidades productivas, empleo calificado y memoria colectiva. No se trata solo de fundir metales, sino de fundar futuro.
Conclusión
Chile tiene hoy la oportunidad de repensar su política minera a la luz de los desafíos globales. La prohibición de exportar concentrados —como lo ha hecho Indonesia— no debe ser vista como una amenaza, sino como una herramienta para recuperar soberanía, distribuir valor y honrar la memoria de quienes han sostenido la riqueza del subsuelo con su trabajo y su vida.
La historia no se repite, pero sí ofrece espejos. En el caso del níquel indonesio y el cobre o litio chilenos, el espejo refleja una pregunta urgente: ¿seremos exportadores de polvo o forjadores de destino?
