Se evitaría sobre costos y demoras en la tramitación de proyectos.
Con un llamado a modernizar la institucionalidad ambiental y reforzar la certeza jurídica de las inversiones, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) presentó el estudio “Propuestas para la aplicación de guías y criterios del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Sea) en Minería”, un análisis que busca mejorar la eficiencia y transparencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).
El informe, elaborado por el Centro de Estudios y Documentación Minera (Cems) en colaboración con el Comité de Sustentabilidad de Sonami y el estudio Puga Ortiz, revela que la aplicación de guías y criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea), instrumentos creados para orientar la evaluación ambiental, se ha vuelto en la práctica una exigencia obligatoria, generando sobrecostos de hasta UF 10.000 Uf y retrasos de hasta un año en proyectos mineros.
El estudio propone cinco ejes estratégicos para equilibrar la eficiencia regulatoria con la protección ambiental: certeza y flexibilidad, proporcionalidad, coordinación interinstitucional, control de legalidad y transparencia. Estas medidas, señala el documento, buscan transformar las guías del Sea en verdaderas herramientas de apoyo técnico y no en barreras administrativas que paralizan proyectos.
La presentación principal estuvo a cargo de Reinaldo Salazar, Gerente de Estudios de Sonami, y Eduardo Muñoz, abogado socio de “Puga Ortiz”, quienes destacaron que la intención no es debilitar los estándares ambientales, sino asegurar que las normas se apliquen con proporcionalidad y certeza técnica, evitando interpretaciones discrecionales.
“Este trabajo busca aportar evidencia concreta a una discusión que muchas veces se da en abstracto. La aplicación estricta de guías y criterios del Sea, que inicialmente fueron concebidos como instrumentos no vinculantes, está generando sobrecostos y demoras en la tramitación de proyectos que no necesariamente se traducen en una mejor evaluación ambiental. Lo que proponemos es recuperar el equilibrio entre rigurosidad técnica y eficiencia regulatoria”, explicó Reinaldo Salazar.
El evento incluyó un panel de conversación moderado por Patricio Pinto, Gerente de Asuntos Externos de Kinross Chile y Presidente del Comité de Sustentabilidad de Sonami, en el que participaron Juan Pablo Johnson, coordinador de Seguimiento de Proyectos del Ministerio de Economía; Javiera Herrera Gerente de Cumplimiento Ambiental de Sqm; y Francisco Allendes, abogado socio de “Puga Ortiz”; quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y la transparencia del sistema.
El estudio se da a conocer en pleno debate legislativo sobre la reforma “Evaluación Ambiental 2.0”, actualmente en trámite en el Congreso, y busca aportar con propuestas técnicas que compatibilizan el desarrollo de la minería con los más altos estándares de sustentabilidad.
