En razón a los graves problemas que afectan al sector minero del país provocados, en su mayoría, por las deficientes políticas públicas aplicadas por el Ejecutivo, que afectan tanto a la producción como a la contratación de mano de obra, los trabajadores de las asociaciones de la pequeña y mediana minería del país se declararon en movilización para exigir soluciones inmediatas por parte de la autoridad, señalan a través de un comunicado.
Las consecuencias de esta ineficiencia gubernamental se han traducido, en los últimos 10 años, en la disminución de la producción de cobre fino de 90 mil toneladas a 45 mil toneladas.
A ello se agrega que el desempleo en la actividad registra un aumento de 32%, mientras que en el mismo lapso las faenas mineras en el país disminuyeron de 1.800 a 720.
Según una investigación de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad divulgado recientemente, el crecimiento de la carga regulatoria en la última década fue más alto para la minería, con 246%, lo que impacta fuertemente en la actividad.
En tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), informó que el Índice de Producción Minera disminuyó 6,3%, la mayor caída desde febrero del 2025 (-6,6%). El Ine lo atribuyó a la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen, destacando la minería metálica con una disminución de 6,0%, por citar algunos ejemplos.
La actividad minera adhiere a los pilares fundamentales del desarrollo sustentable conformado por el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y una integración armónica con las comunidades y los territorios de nuestro país. Pero, las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad.
Por ejemplo, los listados de 99 sitios prioritarios en el país dados a conocer por la autoridad ambiental en virtud de la ley N° 21.600, sobre el nuevo servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, adolecen de una total ausencia de fundamentos técnicos y legales que sirvan para justificar el llamado a consulta pública formulado por la autoridad ambiental, con un plazo de solo 30 días para decidir.
Por tal motivo, las asociaciones mineras del país hacen un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para establecer una mesa de diálogo que incluya a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de los estamentos mineros, con el fin de alcanzar un acuerdo que impida seguir dañando la principal actividad productiva de Chile.
