Sergio Ghiglino Saltori, Presidente de la Asociación Minera de Copiapó:
Sergio Ghiglino Saltori, copiapino e hincha del Club Deportes Copiapó, ha sido desde joven un reconocido emprendedor, aunque se formó junto a su padre, Sergio Pascual en el ámbito agrícola, ha desarrollado empresas en el transporte, servicios mineros y agrícolas.
Reconocido como buen hombre, esposo, padre, trabajador incansable y amigo leal, su perfil humano y profesional le ha dado un amplio respeto social y reconocimiento entre sus pares.
Ghiglino, destaca que la pequeña minería en Atacama se ha desarrollado desde épocas ancestrales y desde Atacama con el histórico descubrimiento del mineral de Chañarcillo, ha sido una columna vertebral de la economía regional, resistiendo períodos de bonanza y crisis.
Como pequeño productor minero, hace varios años se vinculó a la labor gremial y hoy asume el desafío de liderar la Asociación Minera de Copiapó.
En entrevista señala que recibió una organización que no ha efectuado en los últimos años alguna actividad relevante en beneficio directo de sus socios y que no generó instancias significativas de apoyo, representación o servicio, lo que en su conclusión se tradujo en un escaso impacto gremial y una débil vinculación con los pocos asociados que participan hoy en día, ese paradigma es el que quiere cambiar en la Asociación, subrayando que los problemas de los socios son también los suyos.
-¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el sector de la pequeña minería?
“Son varios. Destaco ante nada la Ley 21.040, que elevó abusivamente el pago de patentes mineras. Esto ha llevado a que muchos pequeños productores pierdan sus concesiones, ya que impide pagar cuatro veces el valor de las patentes de amparo y estas concesiones salen a remate o bien son declaradas terreno franco, ya que no todas están protegidas por el trabajo y muchas no son rentables; Segundo problema, el Reglamento de la Ley 19.300 sobre Bases del Medioambiente, que fija un máximo de 5.000 toneladas mensuales bajo declaración simplificada que van a proceso a Enami para la pequeña minería y un volumen mayor tiene que ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como si fuera una faena de mediana minería. Como productores necesitamos urgente aumentar ese límite para hacer factible la operación de faenas mineras de baja ley que hoy están paralizadas, aumentando el tonelaje sin pasar por el Sistema de Evaluación, algunos productores podrían generar mucho más que 5.000 toneladas”.
– Y su mirada señor Ghiglino frente a la Resolución 396/2025 del Ministerio de Bienes Nacionales?
“Ese es otro grave problema que enfrentamos. La Resolución 396/2025 del Ministerio de Bienes Nacionales que creó el “Parque Nacional Desierto Florido en la Región de Atacama” que abarca propiedades mineras constituidas, que son más de 400, procedimiento que no hizo participación ciudadana y consulta pública en el proceso de creación del parque respecto del polígono designado, lo cual afectará el desarrollo de la actividad minera que tiene derechos adquiridos, ante lo cual la SonamiI está solicitando la invalidación de esa Resolución y que se proceda a realizar nuevamente el acto administrativo con la participación de nosotros ya que afecta nuestros derechos mineros. Otro de los problemas tiene relación con la Ley 21.600 sobre ‘Biodiversidad y Áreas Protegidas’, que a través de la resolución 339 dio inicio al ‘Procedimiento de Determinación de Sitios Prioritarios de la Macrozona Norte’ que también abarca propiedades mineras constituidas, el que se encuentra en etapa de participación ciudadana, y ante el cual esperamos se respeten los derechos mineros ya existentes. Estos problemas son muy graves, ya que significa la muerte de la pequeña minería en una zona minera que se ha desarrollado hace muchos años y ante la cual debemos hacer valer nuestros derechos”
-¿Cuál ha sido el accionar de la Sociedad Nacional de Minería?
“Sonami contrató un bufete de abogados para abordar estos problemas de normativa ambiental que, no solo afecta a nuestro sector, sino que también a las grandes compañías mineras, medianas, pequeñas y artesanales, por eso estamos esperanzados que habrá unión en este proceso para excluir las pertenencias y proyectos mineros ubicados en esas zonas denominadas como sitios prioritarios. En resumen, no se puede alabar a la pequeña minería y, al mismo tiempo, restringirla con normas que impiden hasta disponer de material estéril en superficie ni construir caminos para acceder a ellas. Se están imponiendo decisiones sin consulta ni debate con el sector, y las consecuencias pueden ser tan graves como el de las patentes mineras, que sería la tumba para el sector de la pequeña minería”.
—¿Qué propone frente a estas preocupaciones que enfrenta el sector?
“Frente a la creación de Parque Nacional y de la Ley sobre Biodiversidad y Áreas protegidas, derogar la ley es difícil, pero modificar las Resoluciones Administrativas es posible, porque en Chile los parques nacionales han sido afectados y desafectados por Decretos Supremos, siendo una práctica generalizada en el tiempo por la autoridad administrativa que los crea, lo que ha permitido dar flexibilidad para que la creación de estos pueda modificarse. Si no se logra hacer esas modificaciones, van a afectar directamente a los pequeños mineros. En la normativa ambiental, estamos apoyados por Sonami, y esperamos que los resultados sean favorables al sector, pero tenemos claro y presente que haremos valer nuestros derechos que a su vez están protegidos constitucionalmente frente a particulares y frente al Estado, porque se debe justificar la restricción o limitación del ejercicio de los derechos mineros, nosotros no estamos en contra de la protección de la naturaleza pero se deben equilibrar las decisiones que afectan a los distintos sectores que desarrollan actividades económicas con responsabilidad social, aunque se contrapongan esos derechos. En el tema de patentes mineras, una mediana o gran empresa puede pagar la patente de amparo de sus concesiones, pero un pequeño productor que tiene tres o cuatro patentes y explota solo una, inevitablemente perderá las otras. Si queremos que el sector aporte empleo y producción, las autoridades deben escuchar nuestra preocupación y malestar, deben actuar para salvar esta actividad económica que nos despojará de nuestra fuente de sustento”.
-¿Hay productores que pueden duplicar y hasta triplicar ese volumen de producción de 5 mil toneladas métricas?
“Sí, varios, podrían duplicar o triplicar esa producción, lo que significaría más empleos e insumos. Pero para lograrlo deben ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que implica altos costos en estudios, asesorías legales, medioambientales y técnicas”.
-¿Cómo asociación gremial, que están realizando?
“Queremos fortalecer a los socios con apoyo desde el Estado en tecnología, innovación, asesorías comerciales y de seguridad, además de apoyo en postulaciones a fondos. También queremos hacer una alianza privada, que signifique incluir a las grandes y medianas empresas de la zona para que nos aporten con profesionales, tecnología y maquinarias o equipos que den de baja en sus faenas para apoyar a los pequeños productores. Ellos deben tener presente que somos sus hermanos pequeños y que los necesitamos. También haremos un catastro de productores y promoveremos ingresos de nuevos socios, lo que ha estado algo estancado en los últimos años. Mi objetivo principal es mantener informado a nuestros asociados de todo lo que está sucediendo en el sector e incentivarlos a participar en la defensa de nuestros derechos como pequeños mineros. Debemos reencantar al sector, porque la unión es la que dará fuerza a nuestra voz y a la defensa de nuestros derechos”.
—Este 2025 los accidentes fatales han golpeado fuertemente al sector, sobre todo en faenas ilegales
“Es una realidad dolorosa, pero hago presente que no quedan yacimientos de buena calidad y la minería ilegal siempre ha existido, especialmente en períodos de cesantía. Los accidentes ocurren en labores sobreexplotadas, sin estudios de roca previos ni medidas de seguridad, provocando desprendimientos de rocas que provocan los accidentes fatales. El Sernageomin cumple su rol de fiscalización, trata de cumplir con su labor de ‘policía minera’ pero no cuenta con recursos suficientes: le faltan camionetas e inspectores para abarcar una región tan extensa como Atacama”.
ENAMI Y FINANCIAMIENTO
-¿Qué opina del apoyo financiero disponible?
“Está absolutamente desactualizado; sin embargo, debemos reconocer que sí bien existen programas de apoyo a la pequeña minería, estos son, con demasiadas exigencias para los pequeños productores lo que desincentiva las postulaciones. También existen proyectos Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal (Pamma) que entregan herramientas poco atractivas para el sector y no es de gran envergadura para el desarrollo de una pequeña faena minera, pudiéndose designar mayores recursos para maquinarias o equipos importantes para el sector productivo, pero han sido programas con beneficios muy precarios para el sector. Enami registra más de mil productores en el país, pero los fondos para equipos y exploraciones siguen siendo de apenas 10 millones de dólares, los mismos de hace más de 20 años, cuando éramos la mitad. Hoy la realidad es muy distinta y ese financiamiento ya no alcanza”.
Con firmeza, Sergio Ghiglino concluye que la pequeña minería en Atacama seguirá luchando por sobrevivir y aportar al país.
