Después de casi treinta años de estar vigente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la reforma a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y que incluye la modernización del Sistema de Evaluación Ambiental, la que pronto ingresaría al Congreso para su trámite legislativo.
Las modificaciones o cambios permitirían fortalecer los instrumentos de gestión ambiental y resolver incertidumbres para las comunidades e inversionistas en la tramitación de los proyectos.
El Ministerio del Medio Ambiente, destacó como parte de esta modernización prevenir los impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y hacerlo más eficiente.
Destaca por ejemplo que se fortalecerá el carácter técnico en la calificación de proyectos, para lo que se eliminará el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva). Serán reemplazadas por el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) y de la Dirección Regional del organismo, respectivamente. Con esto, las decisiones se basarán en antecedentes técnicos y evidencia científica.
También las modificaciones al Seia apuntan a avanzar en mayor acceso a la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (Dia), que representa el 95% de los proyectos evaluados en el Sistema. Por ello, se eliminan los conceptos de “cargas ambientales” y de “comunidades próximas”, que han sido fuente de importante incertidumbre para los titulares y de exigencia excesiva para la ciudadanía, provocando la intervención de tribunales en reiteradas ocasiones.
Además, se creará un procedimiento voluntario de participación temprana. Así, los inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo a ingreso al sistema. Existirán reglas claras para la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario y, cuando se judicializan, retrasan la tramitación de los proyectos.
También, se crea un recurso de reclamación único y simplificado que entrega certeza sobre las vías de impugnación de una Resolución de Calificación Ambiental a todos los actores. Este nuevo recurso de reclamación tendrá legitimidad amplia y la Dirección Ejecutiva del Sistema de Evaluación Ambiental deberá responder basado en los antecedentes técnicos entregados, en un plazo acotado.
Se introducirán modificaciones para considerar los impactos acumulativos y sinérgicos en la evaluación de proyectos en el Seia. Los proyectos deberán informar sobre los impactos de otras iniciativas en el área de influencia y serán parte del procedimiento de evaluación.
De igual modo, se entregan certezas en materias como la revisión extraordinaria de una Resoluciòn de Calificación Ambiental, tipologías de ingreso, término anticipado de la evaluación, consultas de pertinencias. Se crean reglas especiales de disminución de plazos de evaluación para necesidades públicas urgentes o en el caso de que existan instrumentos de ordenamiento territorial.
ORDENAMIENTO
Las modificaciones a ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente también fortalecerán la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento que incorpora las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable y el cambio climático a herramienta de ordenamiento territorial.
Así, se introducen cambios para que sea más simple que los distintos organismos puedan someter a Evaluación Ambiental Estratégica voluntariamente sus instrumentos. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá un rol orientador y coordinador del proceso, aunque se mantendrá la autonomía del órgano responsable de la política o el plan.
DAÑO AMBIENTAL
La propuesta elaborada por el Ejecutivo, alineada con el Acuerdo de Escazú, mejora la acción de reparación estableciendo la legitimación activa como parte principal a todo evento del Consejo de Defensa del Estado.
Asimismo, se crean mecanismos para disminuir las asimetrías al momento de presentar pruebas y se clarifica mejor el plazo de prescripción por daño ambiental, lo que permitirá cumplir con el principio de responsabilidad, una mayor protección del medio ambiente y dotar de mayor certeza jurídica a las decisiones de los tribunales.
