Cesantía, desarrollo de nuevos proyectos mineros e industriales, inversiones paralizadas, fueron algunos de los temas tratados en entrevista con el Presidente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama, Juan José Ronsecco Pinto, quien señala que hay “además de lentitud en los procesos para obtener permisos y autorizaciones” por lo que asegura que se debe “apurar el tranco” y que espera que el Gobierno y los Legisladores puedan llegar a acuerdos que impulsen los cambios que se requieren para facilitar y retener la inversión que impacta directamente en la empleabilidad”.
-Señor Ronsecco, Actualmente la tasa de desempleo en la región de Atacama es de 9,25%, una de las más altas a nivel nacional; asimismo la tasa de informalidad es de 2,27 %. Ante estos indicadores, ¿qué es lo que tendrían que priorizar las autoridades para generar mayores puestos de trabajo y reducir la informalidad?
“En Corproa hemos planteado este tema en distintas instancias. Sabemos del potencial de Atacama, también sabemos de la cartera de proyectos futuros que tienen a nuestra región como el principal destino para desarrollar nuevos proyectos; sin embargo, tenemos esa inversión paralizada porque aún no recibe una respuesta -positiva o negativa- además de lentitud en los procesos para obtener permisos y autorizaciones. Las autoridades deberían apurar el tranco para destrabar los ´nudos críticos` a la inversión. Ese es el punto, apurar el tranco, porque hemos escuchado muchas propuestas este último tiempo, pero seguimos con la misma lentitud a la hora de evaluar, a la hora de tramitar. Si el Gobierno se plantea recaudar más, necesitamos que nuevos proyectos se concreten. Si queremos bajar la informalidad, necesitamos más empleos. No digo nada nuevo; por lo mismo, tampoco nada que no se haya hecho antes y con buenos resultados. Por el bien del país y nuestra región, esperemos que el Gobierno y los Legisladores puedan llegar a acuerdos e impulsen los cambios que se requieren para facilitar y retener la inversión que impacta directamente en la empleabilidad”.
-Pronto será el cierre definitivo de Minera Alcaparrosa y a fin de año posiblemente Salares Norte concluya su proceso de construcción. En ese escenario, ¿Considera usted que el desempleo en Atacama podría pasar nuevamente de los dos dígitos? ¿Qué se podría prever para evitar el aumento del desempleo? ¿Hay proyectos próximos a desarrollar en la región? ¿cuáles?
“Efectivamente. El cierre de Alcaparrosa y el término de la construcción de Salares Norte muy probablemente se refleje en un aumento del desempleo en la región. Ante ese escenario, necesitamos que las autoridades de Gobierno tomen cartas en el asunto y se comprometan definitivamente a destrabar los ´nudos críticos` que ralentizan la inversión. Hay inversionistas actuales y de futuro que están mirando a nuestra región, que quieren apostar por Atacama, pero la ´permisología` y todo lo que conlleva levantar un gran proyecto, hace que esas inversiones terminen en otros países incluso menos atractivos, pero más eficientes o estratégicos a la hora de tramitar proyectos. No me refiero a países que pudiésemos considerar ´permisivos`, sino a lugares como Canadá, un país desarrollado, con una regulación sólida y que apuesta por una minería responsable. Ese es el ejemplo que debiéramos tomar, estudiar y seguir”.
-Estamos en el Mes de la Minería y una de las mayores preocupaciones es que nuestro país ya no sea atractivo para la inversión, principalmente minera, debido a lo complejo que puede resultar el proceso de evaluación de un proyecto por parte del Servicio de Evaluación Ambiental ¿Qué opina al respecto?
“Actualmente, la obtención de permisos es uno de los grandes escollos para la inversión minera. Hay que precisar de que cuando hablamos de esto, no nos referimos a que no exista evaluación, a que no exista regulación, ni mucho menos. El problema es que los plazos que los mismos organismos establecen para resolver no se cumplen. Tenemos proyectos esperando eternamente a que su caso se resuelva. Entonces, no es de extrañar que el inversionista diga “bueno, esto tarda más de la cuenta, más de lo que me dijeron, mejor me llevo mi inversión acá al lado, donde el proceso tarda menos”. Por otra parte, además de la demora, también podemos observar ciertas complejidades al momento de presentar proyectos. Cuando hablamos de “favorecer la inversión” hablamos de cosas como ésta; apoyar el proceso, guiar, buscar la forma de que los pasos previos a la evaluación sean accesibles y que la documentación esté en regla. Luego, si la evaluación no es favorable, ya es un problema de diseño del proyecto que habrá que corregir, pero lo previo, lo documental, perfectamente se puede agilizar y acompañar”.
-¿Considera usted, como lo indicó el Presidente de la Sonami, que la mediana minería es un sector que se encuentra sobre regulado?
“No tengo una posición absoluta al respecto, aunque sí es claro que tanto la mediana como la gran minería están muy reguladas. El problema es cuando esa regulación, sea mucha o poca, va poniendo trabas a los procesos o deslegitima decisiones que fueron tomadas acorde a la legislación vigente. Personalmente creo que, si la regulación es clara y eficiente, los procesos transparentes y conocidos por todos los actores, la regulación no debiese ser un problema. Ahora bien, eso no quita que podamos optimizar y mejorar lo que existe, y efectivamente en ese movimiento, apostar por una regulación más eficiente, moderna y acorde a lo que el país requiere para alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible”.
-¿Qué opina acerca de los avances que viene haciendo el Comité de Ministros en la evaluación de proyectos que actualmente tienen pendientes?
“Mi opinión es que el Comité de Ministros ha tenido un actuar demasiado lento en esta materia. Tener un proyecto paralizado durante meses porque el Comité no dirime al respecto tiene un costo tremendo para los inversionistas, pero también para los trabajadores involucrados con el proyecto y las comunidades beneficiadas con diversos acuerdos. Además, si usted pone en la balanza que un Comité de Ministros evalúe un proyecto al final de un proceso técnico, pues la verdad es que no se entiende muy bien y ciertamente puede prestarse para suspicacias. En eso coincido plenamente con el Ministro Marcel cuando señala que el actuar del Comité introduce el riesgo de un actuar político, pero sobre todo ralentiza el proceso de obtención del permiso ambiental. El reciente Pacto Fiscal presentado por el Gobierno propone eliminar la instancia del Comité de Ministros. Eso se encuentra en el proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Como gremio esperamos conocer más respecto a esta propuesta en las próximas semanas y así tener una posición más clara sobre los alcances reales de ésta y otras iniciativas pro-inversión”, termina puntualizando Ronsecco
