Treinta y uno de los 33 mineros que quedaron el año 2010 atrapados por 68 Días en la Mina San José, recibirán una indemnización de 40 millones, la mitad de lo que había determinado la primera instancia que era de 80 millones para cada uno de ellos.
Sólo 31 de los mineros fueron quienes determinaron llevar su caso hasta los tribunales de justicia por concepto de daño moral.
El tribunal determinó definitivamente que en los hechos que desencadenaron el derrumbre hubo responsabilidad del Servicio Nacional de Geología y Minería, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama y la Dirección del Trabajo, por la falta de fiscalización a la empresa Minera San Esteban Primera S.A., dueña del yacimiento ubicado en la comuna de Caldera en la Región de Atacama
