POR JUAN JOSÉ RONSECCO, PRESIDENTE DE CORPROA.- En 2004 Chile era responsable de 37% de la producción mundial de cobre. Pero en 2022 esta cifra bajó 10 puntos. Las proyecciones para 2030 no cambian la tendencia y se estima que Chile no superará el 27% de la producción cuprífera del orbe (y asumiendo el supuesto de que pueda concretar la totalidad de sus proyectos mineros).
Caída de las leyes de los minerales, mayor dureza de las rocas y el envejecimiento natural de los yacimientos en operación han ido marcando el presente de la minería nacional, donde hay que agregar que otros países mineros han entrado con ímpetu en la competencia, incluyendo naciones que antes no tenían protagonismo, como Mongolia en Asia, o la República Democrática del Congo en el corazón del continente africano, ambos con proyectos altamente atractivos.
Mientras tanto, el rumbo que estamos tomando está lejos de poner a Chile de nuevo en la cima de las grandes ligas de la minería.
Con más de cuatro años de tramitación -y tras el rechazo de la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputados- el proyecto de Royalty Minero está siendo observado como una especie de “santo Grial” para cubrir la mayor cantidad de necesidades fiscales posibles.
Lo anterior es preocupante.
Estando más cercanos a lo que parecen ser los acuerdos finales del proyecto, la Comisión de Hacienda del Senado ya aprobó la creación del Royalty Minero, mientras que las indicaciones que proponen una carga límite de 47% se votarán después de las elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo.
El académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, ha encabezado un estudio donde queda claro que el proyecto de Royalty que actualmente se discute, significará la mayor alza para el sector minero en 68 años.
Más recaudación es positiva para Chile y sus regiones, pero será un disparo en el pie si no se considera el contexto que mueve a la minería, que es la competencia entre jurisdicciones, la competencia entre países que buscan inversionistas que den tracción a la actividad. Tracción que también mueve a miles de proveedores locales y encadenamientos productivos, y nada menos que a un 69% de los empleos de la Región de Atacama -de acuerdo a datos del Consejo Minero- lo que convierte a nuestra región en la que existe mayor participación laboral directa e indirecta en minería de todo el país. Estos datos son un hecho real de la causa y, por lo mismo, solicitamos al Senado tenga muy cuenta que las decisiones que tomen sí tendrán un efecto en nuestras comunidades.
