Por: SERGIO HERNÁNDEZ, abogado, Director Ejecutivo Aprimin: Han sido aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional los derechos sociales más apreciados por los chilenos. Así, el derecho a la Salud, a la Educación, a la Vivienda digna, a la Seguridad Social, Equidad de Género, entre otros, formarán parte del texto que se someterá a plebiscito popular el 4 de Septiembre de este año. Quién puede negar que esas expectativas son necesarias para la paz social y la dignidad de la persona humana. Sin embargo, todos estos derechos estarán bajo la administración de un sistema público, que exigirá enormes recursos al Estado.
Por otra parte y, en abierta contradicción con la posibilidad de cumplir esos derechos, también se han aprobado normas que impedirán absolutamente que el Estado cuente con los recursos necesarios para financiar estos derechos, salvo que el país se endeude hasta un nivel que nos llevará a afectar gravemente el futuro de las generaciones siguientes y, hasta de nuestra propia generación. Al parecer, ignora la mayoría de los constituyentes que la única forma sostenible que el Estado reciba los recursos suficientes para cumplir esos derechos sociales es a través de ingresos permanentes que provienen casi en su totalidad de la recaudación tributaria.
Estos ingresos solo se pueden obtener si la estructura normativa de la economía establece certeza jurídica para la inversión privada, dado que es esa inversión la que genera empleos de calidad y suficientes tributos al Fisco para sostener los gastos que exigen estos derechos sociales. Es aquí donde radica una de las enormes contradicciones de las propuestas de la Convención Constitucional, puesto que proponen al país otro conjunto de normas que hacen inviable las más importantes inversiones necesarias para esa mejor recaudación tributaria, reduciendo incluso los actuales niveles de esa recaudación. No basta establecer derechos en el papel, es necesario que se puedan cumplir, so pena de producir una gran frustración para nuestra gente y una mayor pobreza. Algunos ejemplos de esta gran contradicción lo son las normas que declaran como bien natural el subsuelo (los yacimientos mineros están en el subsuelo), lo que no generaría problemas si no fuera porque agregan que sobre ellos el Estado podrá dar solo “autorizaciones” para su uso y goce, proponiendo la Comisión de Medio Ambiente que un ente estatal tiene derecho a regularlas y ponerles término, sin que se considere el derecho de propiedad sobre las mismas.
Una propuesta que se presentó el jueves 21 de Abril al Pleno nacionaliza la minería, paralizando las inversiones de 68.000 millones de dólares de la cartera de Cochilco para diez años, que el Estado no tiene cómo aportar, violando tratados internacionales que Chile ha suscrito, con riesgo de ser denunciados por más de 10 países inversionistas, afectando las exportaciones chilenas de centenares de productos que enviamos a esos mismos países, reduciendo por tanto empleos y recursos tributarios para el Estado.
Si bien el Pleno rechazó estas normas del segundo Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, éstas, al ser votadas a favor por 98 convencionales,
volverán modificadas al Pleno en unos días más, con lo cual el riesgo que sean parte de la propuesta de Nueva Constitución persiste. Con estas inseguridades, nadie arriesgará miles de millones de dólares en minería, con retornos inciertos a no menos de 5 a 10 años en proyectos nuevos o de ampliación, disminuyendo asimismo inversiones en los otros sectores de la economía.
Otra norma, esta vez aprobada por el Pleno, establece la negociación colectiva ramal, sectorial y territorial, afectando seriamente a las pequeñas y medianas empresas que generan mayor empleo por unidad de inversión, obligándolas a aceptar beneficios que sólo algunas de las grandes empresas pueden soportar, dificultando tanto su viabilidad, como nuevas inversiones y la consecuente imposibilidad de generar tributos actuales y futuros para financiar las prestaciones sociales.
Como la aprobación o rechazo en el plebiscito de salida es a toda la propuesta de nueva Constitución, si no se revierten éstas evidentes contradicciones normativas, sólo el rechazo permitirá un nuevo Proceso de Reforma Constitucional que haga compatibles la certeza jurídica para las inversiones porque sólo estas generarán los recursos necesarios al Estado- con las esperanzas de nuestro pueblo de una mayor equidad social y protección ambiental.
Hacemos un llamado a la Convención en su Pleno, a rechazar este conjunto de propuestas que solo producirán una mayor pobreza a los chilenos.
