Por: Patricio Cartagena D. Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero-CAMMIN.- La reciente aprobación del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales constituye un punto de inflexión para el sistema regulatorio chileno. Esta reforma busca resolver un problema estructural que ha obstaculizado el desarrollo de proyectos estratégicos en el país: la dispersión, lentitud e ineficiencia del sistema de permisos sectoriales.
Este nuevo marco legal responde con claridad al diagnóstico que desde hace años vienen planteando inversionistas, gremios, organismos multilaterales y la academia: la permisología en Chile se ha transformado en un cuello de botella para la inversión, sin aportar valor adicional en términos de calidad regulatoria. Más de 300 tipos de permisos distintos, decenas de organismos emisores, criterios heterogéneos y plazos inciertos no solo generan incertidumbre, sino que afectan gravemente la competitividad del país en sectores clave como la minería, las energías limpias y la infraestructura verde.
Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales representa la plataforma institucional mínima indispensable para ordenar el ecosistema de autorizaciones, sin debilitar estándares ambientales, sociales ni técnicos. En efecto, el proyecto establece:
- Normas comunes para todos los permisos sectoriales: plazos máximos, procedimientos estandarizados, formularios únicos y uso del silencio administrativo como herramienta de garantía.
- Introducción de Técnicas Habilitantes Alternativas, que permiten reemplazar autorizaciones de bajo riesgo por declaraciones juradas, agilizando trámites especialmente relevantes para actividades de exploración minera, como sondajes o accesos.
- Estabilidad regulatoria post-Resolución de Calificación Ambiental, clave para estructurar financieramente proyectos de gran envergadura y mitigar riesgos derivados de cambios normativos.
- Una nueva institucionalidad técnica, liderada por una Oficina Nacional de Autorizaciones Sectoriales y apoyada por la plataforma digital Sistema Unificado de Permisos como ventanilla única trazable.
En términos sectoriales, la minería nacional se encuentra ante un momento decisivo. La transición energética global ha elevado la demanda por minerales críticos como el litio, el cobre, el cobalto y las tierras raras, todos presentes en el territorio nacional. Sin embargo, para que Chile aproveche esta ventana de oportunidad, se requiere acelerar sustantivamente los ciclos de inversión sin deteriorar su prestigio en sostenibilidad y gobernanza.
El catastro de inversiones mineras 2024–2033, publicado por Cochilco, identifica más de US$ 83.000 millones en proyectos (51), muchos de los cuales enfrentan serios retrasos por tramitaciones duplicadas o falta de coordinación institucional. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, al permitir reducir entre 30 % y 70 % los tiempos de tramitación, puede destrabar gran parte de esa cartera y dinamizar la actividad económica, en un momento de urgencia país en materia de crecimiento y empleo.
Pero este avance debe también mirarse desde una lógica segmentada de la industria. Para la gran minería, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales entrega previsibilidad, orden y menor fricción administrativa. Para la mediana minería, representa un alivio frente a trámites que muchas veces se duplican con la evaluación ambiental. Y para la pequeña minería, especialmente en etapas de exploración temprana o producción artesanal, las Técnicas Habilitantes Alternativas y la posibilidad de digitalizar trámites pueden ser un verdadero punto de inflexión en productividad.
Además, esta reforma regulatoria no solo beneficia a los titulares de grandes proyectos, sino que activa todo el ecosistema de proveedores y servicios asociados a la minería, desde empresas de ingeniería, perforación y construcción, hasta consultoras ambientales, transportistas, proveedores de insumos y contratistas locales. Al reducir los tiempos de espera y las cargas administrativas, se acorta el ciclo de encadenamiento productivo, permitiendo que cientos de pequeñas y medianas empresas regionales puedan planificar, licitar y ejecutar servicios con mayor certeza, fomentando el empleo local, la inversión privada en regiones y la estabilidad de las economías comunales. Esto transforma la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales en una herramienta no solo pro-inversión, sino también pro-desarrollo territorial.
La sostenibilidad de la minería chilena —ambiental, social y económica— no se logra solo con buenas leyes, sino con institucionalidad moderna, colaboración público-privada y sentido de urgencia. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ofrece esa oportunidad, pero su éxito dependerá de cómo se implemente, con qué liderazgo y con qué voluntad política para hacer que el aparato del Estado funcione como sistema.
Este es el momento de que la industria, los gremios, los gobiernos regionales, los servicios públicos y las comunidades trabajemos juntos, para traducir esta nueva ley en permisos más claros, ágiles y responsables.
La minería chilena —moderna, sostenible y estratégica— lo necesita. Y el país también.
