La Ley 21.420 de 2022 no fue una ley minera: fue una ley de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal que usó la propiedad minera como caja. Cuadruplicó la patente de explotación sin trabajos acreditados, de 0,1 a 0,4 UTM por hectárea, y la hizo escalar por quinquenios hasta 12 UTM. Con la UTM de octubre en $72.151, una pertenencia de 100 hectáreas pasó de pagar $721 mil a $2,9 millones al año, con un horizonte de $86,6 millones solo por existir. Jorge Riesco, presidente de la Sonami, lo resumió sin adjetivos: cuando subes las patentes 120 veces en 20 años, la gente abandona la propiedad minera.
