El Primer Tribunal Ambiental admitió a tramitación cuatro nuevas reclamaciones presentadas por ciudadanos que presentaron observaciones dentro del proceso de evaluación ambiental del proyecto CopiaPort-E, quienes cuestionan la resolución del Comité de Ministros, que rechazó sus reclamaciones administrativas y mantuvo la calificación ambiental favorable de la iniciativa, de titularidad de CopiaPort-E Operaciones Marítimas SpA.
El proyecto Copiaport-E contempla la construcción y operación de infraestructura portuaria en la Región de Atacama, con obras en las comunas de Copiapó y Caldera. Su sector portuario se emplazaría en la península de Punta Cachos, al sur de Bahía Salado, e incluye un Terminal de Graneles Limpios, con capacidad de hasta 10 millones de toneladas anuales, y un Terminal Multipropósito destinado a contenedores, carga general y descarga de fertilizantes.
La iniciativa considera además módulos de desalinización, una línea de transmisión eléctrica de aproximadamente 60 kilómetros y una línea de aducción de agua cercana a los 51 kilómetros. Su inversión estimada alcanza los 450 millones de dólares.
Una de las principales opositoras a la materialización de este proyecto, es la Alcaldesa de la comuna de Caldera. Brunilda González.
LOS CUESTIONAMIENTOS
Si bien las acciones plantean distintos argumentos, tienen como elemento común el cuestionamiento a la forma en que fueron consideradas las observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental y en el pronunciamiento posterior del Comité de Ministros.
Una de las acciones concentra sus cuestionamientos en los componentes: paisaje, medio humano, turismo y áreas protegidas.
Plantea en la reclamación, QUE Bahía Chasco y el fenómeno del Desierto Florido debieron recibir un tratamiento diferente de la evaluación del paisaje, por lo que controvierte la metodología utilizada para su caracterización y valoración.
En materia de medio humano, la acción formula observaciones relacionadas con el estudio de impacto vial, particularmente por no haber incorporado la Ruta 5 como tramo específico del análisis y por la forma en que se consideraron variables asociadas a la estacionalidad del tránsito.
Los reclamantes también sostienen que la resolución del Comité de Ministros no se habría pronunciado suficientemente sobre la afectación del Desierto Florido y la Quebrada de Morel, así como respecto de la existencia de una zona de amortiguación y la evaluación de los impactos asociados a estos componentes.
ECOSISTEMAS MARINOS Y FAUNAS
Otras reclamaciones abordan los eventuales efectos del proyecto sobre la biodiversidad marina y terrestre. Entre sus cuestionamientos, se encuentran la delimitación de las áreas de influencia, la suficiencia de las líneas de base, los efectos de las tronaduras y las medidas previstas para distintas especies presentes en el área.
En relación con la fauna marina, una de las acciones formula reparos respecto de la delimitación del hábitat de la tortuga verde, la información utilizada para caracterizar su presencia y alimentación y los antecedentes obtenidos mediante seguimiento satelital.
También se cuestiona la evaluación del ruido submarino y sus potenciales efectos sobre especies como el pingüino de Humboldt y cetáceos, así como la forma en que fueron modeladas las distintas fuentes de ruido durante la construcción y operación del proyecto.
DESIERTO FLORIDO Y PATRIMONIO
El Desierto Florido constituye otro de los aspectos abordados en las reclamaciones. En estas se objeta la representatividad de los estudios utilizados para caracterizar las geófitas y la flora herbácea, planteando reparos respecto del diseño, y esfuerzo de muestreo y temporalidad de los muestreos realizados.
Asimismo, se formulan alegaciones respecto de la caracterización de los invertebrados terrestres y la suficiencia de la información levantada durante la evaluación ambiental.
Otro de las reclamaciones incorpora cuestionamientos relativos a los eventuales efectos sobre la Quebrada del Totoral y sus recursos hídricos, el patrimonio arqueológico presente en Punta Cachos, la fauna terrestre y marina, el paisaje y las actividades turísticas desarrolladas en el borde costero.
También se plantean observaciones respecto de la procedencia de realizar unade consulta indígena, atendida la presencia de comunidades y habitantes pertenecientes a pueblos originarios en sectores cercanos al proyecto.
Las reclamaciones incluyen, además, materias vinculadas con la contaminación lumínica, invertebrados terrestres, flora marina, descarga de salmuera de las instalaciones de desalinización y la incorporación del tránsito marítimo dentro del área de influencia del proyecto.
SOLICITUD AL TRIBUNAL
En general, los reclamantes solicitan que se deje sin efecto la resolución del Comité de Ministros y la calificación favorable proyecto, planteando diferentes medidas que aseguren la debida consideración de sus observaciones ciudadanas.
Corresponderá ahora al Primer Tribunal Ambiental analizar los antecedentes de cada causa y determinar la legalidad de las resoluciones impugnadas, considerando los argumentos planteados por las partes.
Cabe recordar que en el mes de julio ya se había interpuesto otra reclamación en contra de la aprobación del mismo proyecto, causa que se está tramitando bajo el Rol R-180-2026. Asimismo, en forma previa la Municipalidad de Caldera reclamó respecto de la declaración de inadmisibilidad de su acción administrativa en contra de la calificación favorable de la iniciativa, decisión que fue ratificada por el tribunal en la sentencia dictada en la causa Rol R-149-2026, actualmente en revisión de la Excma. Corte Suprema.
