La Sociedad Nacional de Minería, a través de una declaración pública, emitida en horas de la tarde de ayer (Lunes 11) manifestó su profunda preocupación ante la grave amenaza que el nuevo régimen de patentes mineras, actualizado por la Ley 21.649, representa para la pequeña minería chilena.
“Se debe urgentemente volver a un sistema de amparo de la propiedad minera, basado solo en el pago de una patente de monto razonable. De mantener esta norma, persiste un sistema de amparo por el trabajo y dependiente de engorrosos trámites burocráticos castigando injustamente a mineros comunales de baja escala que trabajan, producen y cumplen un rol económico y territorial relevante en distintas zonas del país, afectando también el futuro de muchas medianas empresas de la industria”.
Indican que, como gremio solicitan al Gobierno, cumplir con su compromiso de campaña y derogar el sistema que ha significado el aumento de patentes mineras para la pequeña y mediana minería. “Los antecedentes disponibles, señalan, muestran que el aporte recaudatorio asociado a la pequeña minería es acotado. En 2025, el pago alcanzó las 142.854 Utm, representando menos del 5% del total de la recaudación por concesiones. En este contexto, el mayor cobro aplicado a este sector no es fiscalmente determinante, mientras que sí puede tener consecuencias relevantes para la actividad económica en regiones mineras, poniendo en riesgo la continuidad de pequeñas faenas y su encadenamiento productivo local directa e indirectamente”.
Expresan que “Al elevar los costos de amparo y el sistema burocrático permanente, aumenta la presión sobre quienes tienen claramente una menor capacidad financiera para sostener sus concesiones. Si ellos pierden sus pertenencias, la propiedad minera puede terminar concentrándose en actores con mayor capacidad económica, debilitando precisamente al segmento que históricamente ha sido semilla de nuevos proyectos y actividad minera regional”.
Finalmente, señalan que Sonami “hace un llamado a las autoridades para revisar esta situación, para avanzar de manera decidida hacia un mecanismo simple, objetivo y verificable, basado en un sistema de patente sin dejar espacio a la arbitrariedad administrativa. La minería requiere reglas claras y estables que reconozcan su escala, su aporte territorial y sus restricciones reales”.
