La nueva ley de delitos económicos y ambientales analizaron con los asociados, abogados expertos en lo que fue el desarrollo de la Sexta Edición Networking “Club de la Minería” de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería.
Sergio Hernández, Director Ejecutivo de Aprimin, dio inicio al análisis de la ley de delitos económicos y ambientales recordando el caso Enron, empresa energética con sede en Houston (Texas) que falsificaba su contabilidad, lo que comenzó a despertar alarmas en Estados Unidos y tuvo como resultado la baja extrema de la bolsa. “Desde ese momento, comenzó un espiral de cambios legislativos y normativos para fortalecer el control de información y transparencia dentro de las empresas… Ahora, cada vez más las omisiones que generan algún tipo de consecuencia dañosa van a estar presentes en la legislación chilena, como nos trae esta ley. Nuestra responsabilidad gremial es dar a conocer los riesgos que ya están existiendo”.
El abogado Ignacio García de Porzio-Ríos-García enfatizó que las leyes chilenas de a poco van intensificando algunas filosofías respecto del que hacer empresarial. La percepción es que el mundo ha ido avanzando rápido y Chile se ha quedado atrás, por lo que hace falta acelerar. Las leyes pretenden convertir a las empresas en herramientas de fiscalización.
Andrés Sotomayor, de Porzio-Ríos-García mencionó que la propuesta nace de expertos en derecho penal que dictaron que los delitos de cuello y corbata no reciben las sanciones que merecen, por ende, este proyecto crea algunos delitos y un sistema especial para ellos. “Una de las críticas que recibe esta ley es que se sanciona de forma diferente a un gerente de una micro y pequeña empresa, que a uno de una más grande”.
Entre los nuevos delitos agregados, Sotomayor señaló que “se incorporan una serie de delitos ambientales, ya no solo hay una pena por realizar una actividad sin los permisos que se requieren, sino que incluso teniéndolos por el hecho de contaminar”. Luego, mencionó que una de las críticas más fuertes que recibe la ley es que “muchos de estos hechos son utilizados para perjudicar o podrían ser mal empleados”.
Más adelante, Ignacio entregó algunas soluciones y propuestas ante esta nueva ley, entre ellas mantener un consenso entre las empresas sobre los criterios, un ambiente de compliance global. Intensificar el modelo de prevención y aplicar mayor fiscalización, más constante. Mostrar productividad en nuevos protocolos, asignar responsabilidades específicas, establecer revisiones de monitoreo permanente, aplicar canales de denuncia y certificaciones. “El mensaje tiene que venir desde arriba, es la única manera de que estos mensajes calen hondo, porque las penas van subiendo a medida que el nivel de responsabilidad sube. Cualquiera puede comprometer a la empresa”, destacó.
